Oste nació el 21 de marzo de 1966 en Villa Mercedes, Provincia de San Luis. Es abogado y está casado con Mariela Alexandra Mithiaux, con quien tiene dos hijos, Franco y Nathalie. Con una extensa actividad pública y privada, también fue periodista y fundador de medios de comunicación. Además, por fuera del ámbito profesional, fue campeón de rally en su provincia y participó en competencias regionales y nacionales. Asimismo, se desempeñó como senador provincial, con 30 proyectos aprobados. Tiene 5 libros publicados: Dar cuenta; Memorias de Villa Mercedes; Cuentos para Valentino; Juana Koslay Arocena, la última princesa; y Argentina hacia una República Federal Parlamentaria. Actualmente, además de ser el Presidente del Secretariado, es vocal del Tribunal de Cuentas de la Provincia de San Luis. Dialogamos sobre transparencia, federalismo, impacto social del control público, tecnología, comunicación y el papel de los tribunales en la eficiencia del control de los programas sociales. ¿Qué es el Secretariado Permanente, cuáles son sus funciones y a qué desafíos se enfrenta hoy? El Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina (SPTCRA) es una asociación que nuclea a todos los organismos de control de las provincias argentinas, con excepción de Tierra del Fuego. No obstante, participan como socios adherentes el Tribunal de Cuentas de Río Grande y la Sindicatura General del Municipio de Ushuaia. Integran el Secretariado los tribunales de cuentas provinciales, la Auditoría General de Salta, la Auditoría General de Jujuy y la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de numerosos municipios de gran relevancia demográfica. La estructura institucional está conformada por un comité ejecutivo, con un presidente, vicepresidentes y secretarios; un comité directivo, y un plenario. Se realizan cuatro reuniones ordinarias anuales, además de encuentros extraordinarios. Desde el Secretariado también se designan los representantes argentinos ante la Asociación de Entidades Oficiales de Control Público del Mercosur (ASUR). Actualmente, la presidencia pro tempore está a cargo de Myriam Radrizzani, presidenta del Tribunal de Cuentas de Formosa. Además, funciona el Instituto de Estudios Técnicos e Investigaciones (IETEI) que desarrolla capacitaciones permanentes, principalmente virtuales. También se organizan congresos y jornadas presenciales de formación. Otro de los espacios de participación es la Red Federal de Control Público, presidida por la Sindicatura General de la Nación. Respecto de los desafíos, son permanentes y dinámicos. La realidad política e institucional de cada provincia cambia constantemente y obliga a adaptar las estrategias de control. Los cambios de gobierno generan nuevos escenarios y los organismos de control suelen quedar bajo observación en esos procesos. Nuestra organización respeta todos los modelos de control, pero sostiene especialmente el sistema de rendición de cuentas con facultades jurisdiccionales y sancionatorias. ¿Cómo es la vinculación del Secretariado con la Red Federal de Control Público? La vinculación es permanente e institucional. La vicepresidencia de la Red Federal está a cargo del presidente del Tribunal de Cuentas de Tucumán, Miguel Chaiben Terraf, mientras que la secretaría técnica es ejercida por el presidente del Tribunal de Cuentas Municipal de Carlos Paz, Daniel Gesteira. También existen reuniones del Comité de Auditoría Federal, en las que participan los organismos asociados a la Red y al Secretariado. Además, asisto a las reuniones del Comité de la Red Federal en mi carácter de presidente del SPTCRA. El vínculo cotidiano se mantiene con el coordinador de la Red, Jorge Moran. ¿Es importante la relación con organismos de control del exterior? Sí. A través de la ASUR mantenemos un vínculo muy estrecho con Brasil, que posee un sistema de control muy similar al argentino: cada uno de sus 26 Estados tiene un tribunal de cuentas y, además, existe un Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), equivalente al antiguo Tribunal de Cuentas de la Nación argentina previo a 1992. También mantenemos relaciones institucionales con la Contraloría de Paraguay y con otros organismos de control del Mercosur. La idea es ampliar progresivamente esa red hacia otros países de la región. Compartir experiencias internacionales es fundamental. No existe un manual definitivo sobre control público: las herramientas se construyen día a día a partir del intercambio de prácticas y conocimientos. Existen modelos muy avanzados que pueden enriquecer nuestros sistemas. Sin embargo, muchas veces las limitaciones presupuestarias, institucionales e incluso culturales dificultan los viajes y las instancias de capacitación internacional. La sociedad suele observar con desconfianza los viajes oficiales, aún cuando tengan fines académicos o técnicos. ¿Qué trabajo realizan los organismos de control locales y cómo colaboran en el control de los programas sociales? Los organismos de control locales son fundamentales dentro de la Red Federal porque cuentan con estructura técnica territorial allí donde se ejecutan los programas sociales. La importancia de este esquema quedó demostrada cuando el entonces presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea visitó la Argentina y tomó como referencia el modelo de la Red Federal para pensar mecanismos de control de los fondos comunes europeos. La Unión Europea carecía de estructuras territoriales técnicas propias y necesitaba un modelo descentralizado de fiscalización. Esa experiencia fue compartida desde la Argentina y recibió reconocimiento formal desde Bruselas en 2010. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan estos organismos de control locales? En muchos casos existe falta de recursos para desarrollar controles de gestión profundos. No se trata solamente de verificar documentación o números, sino de evaluar resultados y eficacia. Además, algunos tribunales necesitan homologar convenios a través de las legislaturas provinciales para intervenir sobre determinados programas. A esto se suma la necesidad de contratar especialistas técnicos para auditorías específicas. Muchas veces, por limitaciones presupuestarias, esos controles no pueden realizarse. ¿Considera importante certificar la calidad de los procesos? ¿Qué opinión tiene sobre el Referencial N° 13 impulsado por SIGEN? El primer organismo del Secretariado en certificar normas de calidad fue el Tribunal de Cuentas de Mendoza y luego lo hizo San Luis. En nuestra experiencia, comenzamos a certificar normas ISO en 2009 y rápidamente avanzamos hacia la firma electrónica y la firma digital. Hoy prácticamente todos los procesos están certificados. Esto permitió mejorar la eficiencia de los procesos y optimizar recursos humanos. Sin embargo, creo que el avance tecnológico obligará a repensar estos mecanismos. En el futuro inmediato será más importante la utilización de algoritmos inteligentes y sistemas prescriptivos. La ejecución presupuestaria y el control serán simultáneos, transparentes y en tiempo real. Las alertas serán automáticas y el control concomitante transformará por completo los procesos actuales. ¿El control de los programas sociales fortalece el federalismo? Sí. Los programas sociales distribuidos en todo el país fortalecen el federalismo y requieren controles descentralizados. Que los organismos locales participen del control evita trasladar estructuras nacionales al interior del país y hace más eficiente y económica la fiscalización de los fondos públicos. ¿Qué experiencias destacaría como casos exitosos? Uno de los casos más importantes fue el control de la vacunación contra el COVID-19. Sin la Red Federal hubiera sido prácticamente imposible supervisar la distribución y aplicación de las vacunas en plena pandemia. No había vuelos, circulación ni capacidad de desplazamiento. Sin embargo, los organismos locales pudieron controlar la cadena de frío, la distribución territorial y la correcta aplicación de las dosis. Ese trabajo contribuyó a que la Argentina tuviera uno de los índices más bajos de pérdida de vacunas sin aplicar. Muchas dosis se desperdiciaban en otros países por fallas logísticas, roturas o vencimientos. El control territorial fue determinante. ¿Cómo se mide el impacto del control en la vida cotidiana? El impacto puede medirse, entre otras cosas, en los niveles de corrupción. Sin control la corrupción sería significativamente mayor. Pero también hay un aspecto central: la rendición de cuentas. Cuando un funcionario administra fondos públicos debe justificar documentalmente qué hizo con esos recursos. Mientras no lo haga, mantiene una responsabilidad pendiente. Argentina, a nivel nacional, no posee un sistema integral de rendición de cuentas como sí existe en muchas provincias. Desde 1992, con la Ley de Administración Financiera, se adoptó un modelo basado principalmente en auditorías parlamentarias. Por eso creemos necesario reinstaurar un sistema efectivo de rendición de cuentas, donde cada funcionario deba responder formalmente por los recursos administrados. Desde el Secretariado presentamos un proyecto de ley ante el Congreso de la Nación para reglamentar el artículo 85 de la Constitución Nacional y otorgar mayores facultades sancionatorias a la Auditoría General de la Nación. ¿Qué valor tiene la independencia técnica frente a los cambios de gobierno? La independencia debe estar garantizada constitucionalmente. Sin autonomía, el control pierde credibilidad y queda expuesto a las presiones políticas. El único límite que debe tener un organismo de control es la ley y la Constitución. Si un organismo depende de los gobiernos de turno, sus decisiones pierden legitimidad y sus autoridades quedan sujetas a represalias políticas. ¿Qué habilidades necesita hoy un auditor? Lo primero es comprender que la tecnología ya transformó definitivamente el control público. Los auditores deben inteligencia artificial, algoritmos prescriptivos y herramientas tecnológicas avanzadas. De lo contrario, quedarán en desventaja frente a sistemas cada vez más sofisticados. La capacitación es fundamental para perder el miedo a la tecnología y entender cómo utilizarla correctamente. ¿Cómo imagina el sistema de control público argentino dentro de diez años? Creo que el control será híbrido: coexistirán la inteligencia humana y las herramientas tecnológicas avanzadas. La responsabilidad seguirá siendo humana, pero el procesamiento de datos y las alertas serán desarrollados por inteligencia artificial y sistemas cada vez más veloces, incluso vinculados a tecnologías cuánticas. También será necesario construir organismos internacionales de gobernanza tecnológica que regulen estos desarrollos y garanticen seguridad jurídica y digital. ¿Qué modelo internacional toma como referencia? Desde el punto de vista institucional, considero que Suiza es un modelo interesante. En materia específica de control público, Brasil es una referencia muy importante porque garantiza constitucionalmente la independencia, estabilidad y financiamiento de sus tribunales de cuentas. Eso permite que los organismos de control puedan actuar con autonomía, independientemente del gobierno de turno. Cambiando de tema, en uno de sus libros se refiere a la relación entre la deuda externa y la pérdida de Malvinas… Existe una relación histórica interesante. En 1824 la Argentina tomó el empréstito con la Baring Brothers para financiar obras públicas que finalmente nunca se realizaron. Esa deuda tardó décadas en pagarse. Como consecuencia de las obligaciones financieras, el país terminó vendiendo parte de su flota naval. Cuando Inglaterra ocupó las islas Malvinas, la Argentina carecía de capacidad naval suficiente para responder militarmente. Ese análisis histórico lo desarrollé en mi libro: Argentina hacia una República Federal Parlamentaria. Fuente: https://www.redfederal.gob.ar/NoticiaBase.aspx?IdContenido=34479