El Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina (Sptcra) que preside el chaqueño Rubén E. Quijano, salió a cuestionar la decisión de los nuevos gobernadores de Santa Fe, Tierra del Fuego y Chaco de pedir una “auditoría de corte” a la Auditoría General de la Nación.

Alega que se trata de un avasallamiento de los organismos de control externo provinciales, que pone en peligro el federalismo y que excede las facultades de la Auditoría Nacional.

El secretariado permanente hizo pública, ante esta situación, un comunicado de prensa refrendado por Rubén Quijano, presidente, y Miguel Terraf, vicepresidente 1º, y que fue concebido en estos términos: “Tomado conocimiento de que en algunas provincias argentinas, caso Santa Fe, Tierra del Fuego y Chaco se estarían por realizar las llamadas auditorías de Corte por parte de la Auditoría General de la Nación, es un deber y una obligación de este secretariado poner en conocimiento de la sociedad que esas tareas, más allá de todo artilugio jurídico que se pretenda asumir, exceden la competencia de ese organismo de control nacional, advirtiéndole que actitudes como éstas dañan las buenas relaciones institucionales y además ponen en riesgo el federalismo. En definitiva, debilitan la democracia”.

La declaración de los Tribunales de Cuentas y órganos de control provinciales, agrega que “al poder político le recordamos que los organismos de control externo provinciales y municipales cuentan con cargos técnicos altamente capacitados y dispuestos como los vinieron haciendo hasta el presente, para colaborar con los gobiernos con la finalidad de que su gestión sea cada vez más transparente.

La realidad, que es la única verdad --agregan--, ha demostrado que el modelo de control ejercido por los organismos de control externo de las provincias y municipios de la Argentina, con funciones de control y funciones jurisdiccionales y potestades sancionatorias es el más eficaz y el que produce mejores resultados. Por fin, cabría sugerirle a la Auditoría General de la Nación respetar a las instituciones locales de control, único camino de fortalecer el control público argentino”.