Respecto de la actuación de la Auditoría General de la Nación en las provincias, la doctora Alexandra Minnicelli –síndico general adjunta- elevó el miércoles una nota al doctor Claudio Moroni, síndico general de la Nación, en la que se señala haber tomado conocimiento en los últimos días de la amplia difusión que ha tenido la aparente suscripción de acuerdos, de cuya naturaleza dijo desconocer, entre la AGN y algunas provincias argentinas, entre ellas Santa Fe, Chaco y Tierra del Fuego, para la realización de una suerte de “auditorías de corte” ante el recambio institucional del 10 de diciembre en dichos estados federales.
En tal sentido, la doctora Minnicelli dijo que entiende que la SIGEN, en su carácter de Presidente de la Red Federal de Control Público, no puede estar ausente y debe pronunciarse rechazando esta “violación a la autonomía provincial, a la independencia de los poderes del Estado y a la independencia de criterio que pregonamos desde el control y que reconocemos en los Tribunales de Cuentas y Organos de Control Externo de las provincias argentinas junto a quienes integramos la Red Federal”.
En otro párrafo señala estar convencida de que “si se trata de una tarea de consultoría rentada por parte de la AGN –como tantas auditorías que realiza bajo esta modalidad- debe advertir claramente sobre tal extremo y alcance para no confundir a los señores Gobernadores, que seguramente de buena fe la han convocado; a la opinión pública que merece ser informada con claridad y no con acciones efectistas, como nos tiene acostumbrados la presidencia de la AGN a través de los medios masivos de comunicación, y sobre todo a los ciudadanos de cada una de las provincias, a los provincianos que creemos en el federalismo, en la autonomía y en la preexistencia de los estados federales, las provincias argentinas, sobre la Nación que más tarde integraron”.
Minnicelli se preguntó si el artículo de la ley 24.156 se ha desvirtuado para interpretar que este ente de control externo del sector público nacional (la SIGEN), dependiente del Congreso Nacional y que la Constitución Nacional define como organismo de asistencia técnica del Congreso, puede auditar válidamente a una provincia argentina. “No reconozco en la norma competencia legal alguna”.
Sostiene que el fuerte impulso que desde la gestión en SIGEN han dado a la Red Federal como herramienta fundamental de control público, “caería si no nos pronunciamos ante este atropello a la confianza pública de los ciudadanos que ven cómo se les falta el respeto a las instituciones federales de la República, a los organismos de control público provinciales y municipales y al Secretario Permanente de Tribunales de Cuenta de la República Argentina”.
Finalmente, precisa la síndico en su nota que “desde este foro de actuación común hemos destacado que los técnicos de cada provincia son los que mejor conocen el terreno para hacer auditorías; sabemos de su formación y compromiso profesional; no hay manda legal que habilite a un equipo de auditores de Buenos Aires, bajo el sello de la AGN, irrumpan en el ámbito de actuación de los órganos de control constitucional de cada provincia”.
Un avasallamiento a los organismo de control provinciales
También los organismos de control provinciales cuestionaron el pedido de intervención de la Auditoría de la Nación, tal como lo hizo el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina (SPTCRA) que preside el chaqueño Rubén E. Quijano, quien salió a cuestionar la decisión de los nuevos gobernadores de Santa Fe, Tierra del Fuego y Chaco de pedir una “auditoría de corte” a la Auditoría General de la Nación.
Quijano sostuvo que se trata de un avasallamiento de los organismos de control externo provinciales, que pone en peligro el federalismo y que excede las facultades de la Auditoría Nacional.
En una nota publicada por el Diario Norte de la provincia de Chaco, el Secretariado permanente hizo pública, ante esta situación, un comunicado de prensa refrendado por Rubén Quijano, presidente, y Miguel Terraf, vicepresidente 1º, y que fue concebido en estos términos: “Tomado conocimiento de que en algunas provincias argentinas, caso Santa Fe, Tierra del Fuego y Chaco se estarían por realizar las llamadas auditorías de Corte por parte de la Auditoría General de la Nación, es un deber y una obligación de este secretariado poner en conocimiento de la sociedad que esas tareas, más allá de todo artilugio jurídico que se pretenda asumir, exceden la competencia de ese organismo de control nacional, advirtiéndole que actitudes como éstas dañan las buenas relaciones institucionales y además ponen en riesgo el federalismo. En definitiva, debilitan la democracia”.
La declaración de los Tribunales de Cuentas y órganos de control provinciales, agrega que “al poder político le recordamos que los organismos de control externo provinciales y municipales cuentan con cargos técnicos altamente capacitados y dispuestos como los vinieron haciendo hasta el presente, para colaborar con los gobiernos con la finalidad de que su gestión sea cada vez más transparente.
La realidad, que es la única verdad -agregan-, ha demostrado que el modelo de control ejercido por los organismos de control externo de las provincias y municipios de la Argentina, con funciones de control y funciones jurisdiccionales y potestades sancionatorias es el más eficaz y el que produce mejores resultados. Por fin, cabría sugerirle a la Auditoría General de la Nación respetar a las instituciones locales de control, único camino de fortalecer el control público argentino”.
