Lunes, 23 Oct 2017
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Posición del S.P.T.C.R.A con relación al proyecto de ley de reglamentación del art. 85 de la Constitución Nacional PDF Imprimir E-mail
  
 
Posición del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina con relación al proyecto de ley de reglamentación del art. 85 de la Constitución Nacional. 
 
El proyecto de ley reglamentario del art. 85º de la Constitución Nacional recrea la cuestión de la modalidad del ejercicio del deber-atribución del Estado respecto del control de la administración pública, como elemento indispensable de la forma de gobierno representativa y republicana, rasgos sobresalientes de la organización del estado moderno que ha adoptado la Constitución Argentina.
 
Si bien es cierto el proyecto que nos ocupa tiende a la reglamentación de la consagración constitucional en su art. 85, que asigna al Poder Legislativo la atribución del ejercicio del control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos,  sustentado en los dictámenes de la Auditoria General de la Nación, lejos está de propender a la solución de fondo que la problemática plantea.

 
Es que la iniciativa, aunque loable y esforzadamente tiende a reglamentar la manda constitucional a más de 20 años de su establecimiento, solo constituye un intento cosmético de un sistema ineficaz en su origen.

Sí, en cambio, y según se anticipara, crea una nueva instancia en torno del diferendo conceptual que confronta ese modelo de control externo parlamentario, en puridad de imposible eficacia, con el de Tribunales de Cuentas, que si bien mantiene incólume la división de poderes, sin renegar de la potestad superior de control del parlamento para velar por el todo social, cuya concreción resulta la autorización para gastar y el su correlato, el control de su ejecución, delega esta última función en un órgano técnico, independiente de la administración, entendida esta en su más amplio sentido, que en la consecución de sus fines realizan los tres poderes del Estado, aunque el más relevante sea el Poder Ejecutivo.

Ríos de tinta, innumerables foros, entre congresos, jornadas y talleres, ha llevado adelante el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina (SPTCRA), en su afán de promover la vigencia en el país del modelo de control externo a cargo de un Tribunal de Cuentas, al punto, de estar ese objetivo entre los fundacionales de primer orden.

Muy a pesar de este ideario, y del esfuerzo puesto a su servicio, la Convención reformadora del año 1.994 no lo receptó, incorporando el modelo finalmente diseñado en el art. 85 de la Constitución Nacional, al cual pretende ahora reglamentar mediante el proyecto al que aquí referimos.

Probablemente arrastrado por la corriente de la muy difundida idea “modernizadora” de aquella década, quedó definido un mecanismo de control que, por el contrario, importó un retroceso, a contra mano de la progresividad normativa que en la materia exhibía el contexto internacional, a instancia incluso de los foros supranacionales que instaban mayor y mejor control procurando transparentar la inversión pública.

Sin embargo, predominó un sistema que antepone el ejercicio exorbitante de la gestión política, asignándole un protagonismo casi absoluto, en detrimento de la efectividad, que solo se asegura, mediante el análisis pormenorizado, concomitante y permanente que la marcha y los resultados de la administración demandan de un organismo técnico especializado e independiente.

De este modo, subsisten en el país dos modelos institucionales de control externo, el nacional al que acabamos de referir y el fijado por 22 de la 24 jurisdicciones, y más de 20 municipios del país, quedando demostrado, a la luz de la experiencia adquirida desde la desaparición del Tribunal de Cuentas de la Nación a partir de la ley 24.156, que la oposición planteada, y el pronóstico efectuado desde este Secretariado Permanente en relación a la instauración del sistema de auditoria era acertado, la delegación parlamentaria del control en un órgano técnico de relativa autonomía fue un rotundo fracaso.

El ejercicio de la actividad de control externo por parte de un órgano técnico, específico e independiente de los poderes del Estado, salvo en lo que atañe al nombramiento y remoción de sus miembros, y con atribuciones jurisdiccionales, constituye la solución de mayor eficacia a la cuestión.

De esta manera se asegura idoneidad y objetividad del control, y la posibilidad cierta de hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios públicos ante la eventualidad de lesión del patrimonio público.

Efectuadas tales consideraciones debe decirse, insistimos, que la ocasión es propicia para rediscutir el modelo de control nacional, con la profundidad y generosidad que los superiores intereses de la república lo demandan, superando iniciativas superficiales, e irrelevantes ante la profundidad de la crisis en que sumió al control público la decadente inspiración política que tuviera inicio con la desaparición del Tribunal de Cuentas de la Nación, y culminara con la sanción del art. 85º de la Constitución Nacional.

Reavivado entonces el accionar de este Secretariado Permanente en procura de superar el modelo de control externo nacional, diseñado sobre la base del art. 85º de la C.N., trocando por las bondades propias de los organismos específicos de control constituido por los Tribunales de Cuentas, reivindicando su sobresalientes virtudes -independencia y responsabilidad efectiva- es que asentaremos los pilares donde repose la confianza de la ciudadanía, toda vez que, aún sabiendo que el sistema no es perfecto y que detrás de cada órgano existe un ser humano, si esa independencia es respetada, y los funcionarios respondieran por los perjuicios que ocasionaren al patrimonio público, será posible contar con mayores niveles de eficiencia en la gestión estatal.

En función de todo lo expuesto es que este Secretariado Permanente no debería permanecer fuera del debate que propiciamos se aproveche a partir del proyecto que comentáramos, incluso excediendo su tratamiento en el ámbito parlamentario, usando las distintas alternativas de participación ciudadana que la misma Constitución Nacional alienta y recrea, y la leyes que en su consecuencia se encuentran vigentes.

Ello,  persuadidos del aporte y contribución que en la materia puede formular este Secretariado Permanente, y convencidos que el cambio del paradigma constitucional es la única vía para afianzar la seguridad jurídica, concretar la responsabilidad de los funcionarios públicos, y dotar de herramientas eficaces para disuadir, y en su caso, enfrentar la corrupción, como se declama al fundar el proyecto que nos ocupa, lo que no ocurrirá, de seguro, con la sanción de esa propuesta, sino, por el contrario, se consolidará, vía emprolijamiento, del fracasado sistema de control imperante en la Nación, prohijado por el art. 85 de la Constitución Nacional. 
 
 

Cr. Rubén Edgardo Quijano

Presidente

Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina

 

 

 

 

Adhieren el presente Documento los siguientes Organismos Públicos de Control Externo:



Tribunal de Cuentas Prov. Entre Ríos Tribunal Cuentas Prov. Catamarca 

Tribunal de Cuentas Prov. Chaco Tribunal Cuentas Prov. Chubut 

Tribunal de Cuentas Prov. Jujuy Tribunal Cuentas Prov. Formosa 

Tribunal Cuentas Prov. Corrientes Tribunal de Cuentas Prov. La Rioja

Tribunal Cuentas Prov. Santa Cruz Tribunal Cuentas Prov. Neuquén 

Tribunal de Cuentas Prov. Mendoza Tribunal Cuentas Prov. San Luis 

Tribunal de Cuentas Prov. Río Negro Tribunal Cuentas Prov. Santiago del Estero

Tribunal de Cuentas Prov. San Juan Tribunal de Cuentas Prov. De Santa Cruz

Tribunal de Cuentas Prov. Santa Fe Tribunal de Cuentas Municip. Córdoba 

Tribunal de Cuentas Prov. Tucumán Tribunal de Cuentas Municip. Stgo del Estero

Tribunal de Cuentas Municip. V. Carlos Paz Tribunal de Cuentas Municip. Santa Fe 

Tribunal de Cuentas Municip. La Banda Tribunal de Cuentas Municip. Dina Huapi

Tribunal de Cuentas Municip. San Luis Tribunal de Cuentas Municip. Rìo Grande  T. del Fuego

Tribunal de Cuentas Municip. Rosario Tribunal de Cuentas Municip. Viedma

Tribunal de Cuentas Municip. Salta Tribunal de Cuentas Municip. T. Río Hondo

Tribunal de Cuentas Municip Com. Rivadavia Tribunal de Cuentas Municip. G. Virasoro