Martes, 23 Jul 2019
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Posición asumida con motivo del conocimiento del Proyecto de Ley de Organización del Sistema de Control Externo No Jurisdiccional del Sector Público de la Provincia de Buenos Aires PDF Imprimir E-mail


Motiva esta presentación ante los Señores Legisladores, el conocimiento del Proyecto de Ley de Organización del Sistema de Control Externo No Jurisdiccional del Sector Público de la Provincia de Buenos Aires.

Desde la entidad que nos nuclea, Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos de Control Público de la República Argentina -SPTCRA-, en el marco de sus objetivos fundacionales, orientado al sostenimiento, fortalecimiento y perfeccionamiento del sistema de control oficial externo, jurisdiccional e independiente, consagrado por la mayoría de las Constituciones Provinciales, entre ellas la de la Provincia de Buenos Aires, animados en la contribución a la labor parlamentaria de esa Legislatura, nos permitimos acercar mediante el presente algunas reflexiones que estimamos será útil a aquel efecto.
 

Sin desmedro de las atribuciones de contralor asignada a ese Poder Legislativo por la Constitución Provincial, ni del espíritu que inspira el proyecto que nos ocupa, habiendo accedido a la exposición de los motivos -Fundamentos- por el que se propugna su sanción, y desde el umbral de su análisis, debe señalarse a su respecto que no dista de la definición y alcance establecido de los preceptos constitucionales y legales que instituyen el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, con respaldo en el sistema rector de la administración financiera provincial -Ley 13.767-, con lo cual, ponemos de resalto la inexactitud en que se incurre al estimar la exclusión de aquel órgano de control externo a los fines que allí se precisan.

Expresado en otros términos debe decirse, que siendo objetivo medular del proyecto en trato el establecimiento e instrumentación del denominado control de gestión  del sector público, enderezado al aseguramiento de una correcta utilización de los créditos que emergen del presupuesto provincial, sobre la base de elementos objetivos de evaluación de la eficiencia, eficacia y economía de su administración por parte del Poder Ejecutivo, su consagración legal implicará, cuanto menos, una superposición de funciones, si no se pierde vista, el alcance de la misión de control asignada por la Constitución y la Ley al Tribunal de Cuentas provincial, y cuanto más, una afectación al modelo definido en el Capítulo VII de la Constitución Provincial, en tanto proporciona a aquel las atribuciones jurisdiccionales y de fiscalización -art. 159, Apartado 1- y 2-, lo que no pueden admitirse sino como funciones exclusivas y excluyentes.

En efecto, no resiste al mínimo análisis, la interpretación que lleva la conclusión de que el Tribunal de Cuentas carece de aptitudes de control de gestión o de mérito, como se expresa entre las razones que inspiran el proyecto, no al menos, si hace una correcta asimilación del espíritu y texto de la Constitución Provincial,  y del juego armónico de las expresas previsiones del Apartado 2- del art. 159 antes citado, de las concordantes de su Ley Orgánica, y del Art. 101 de la Ley N° 13.767.

En orden a ello corresponde dejar sentado la clara distinción que formula el art.159 de la C.P., entre las funciones jurisdiccionales y la de fiscalización (control), plasmadas en sus apartados 1- y 2-, respectivamente, erigiéndose por el primero, la atribución de juzgar la rendición de cuentas, determinar las responsabilidades de los cuentadantes y la fijación del daño al erario (jurisdiccionales), y el segundo, la viabilidad de la inspección con alcance de prevención y corrección, cuya implicancia no puede ser otra que una actuación concomitante a la de la administración activa controlada, vale decir, durante la gestión.

Lo expuesto, por si hiciera falta mayor esclarecimiento, surge ratificado en el diseño del Capítulo VI de la Ley 13.767 -de Administración Financiera-, la que con trazos precisos discrimina el sistema de control, a cargo del Tribunal de Cuentas, de la Fiscalía de Estado y de la Contaduría General de la Provincia.

De tal forma, aparecen deslindadas las competencias, dentro de un modelo integral e integrado, comprensivo de los aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión, acotado al de legalidad a la Fiscalía de Estado -art.102-, el interno de gestión a la Contaduría General -art. 103-, no cabiendo sino otra interpretación que al Tribunal de Cuentas le está reservado el control externo de gestión -art. 101-.

En consecuencia, la invocación que como limitante, o excluyente, del alcance del control del Tribunal de Cuentas a la gestión que se efectúa al fundamentar el proyecto con apoyatura en el art.42 de su Ley Orgánica, resulta de una mirada parcial, sesgada y aislada del contexto integral de la ley, toda vez que solo basta su lectura para advertir que refiere al estudio de la cuenta, actividad jurisdiccional, en consecuencia de control posterior, lo que en modo alguno puede confundirse con el accionar de fiscalización, menos aún, extender a este la limitante allí establecida.

Sin perjuicio, conforme se adelantara, de las inexactitudes que contiene el proyecto sub examen, revelados en párrafos precedentes, cabe de seguido apuntar el rasgo contradictorio subyacente en el razonamiento que lo nutre, en la medida que al tiempo formula consideraciones críticas al sistema que crea la Ley 24.156 -Auditoria General de la Nación-, y lamenta la desaparición del Tribunal de Cuentas de la Nación, impulsa un diseño basado en un esquema de auditoria, en desmedro además, del sistema de control externo provincial existente.

Cabe en las postrimerías del presente, referir brevemente a los efectos residuales que aparejará de sancionarse la iniciativa en análisis, y aunque resulte ello una obviedad, no puede dejar de advertirse.

Supondrá, sin lugar a dudas, la superposición de actividades; el incremento de la burocracia del control; la superposición de informes; erogaciones en infraestructura y recursos humanos y, finalmente, lo que resulta institucionalmente más gravoso, un menoscabo al sistema que tiene al Tribunal de Cuentas como expresión garante de la efectivo control republicano.

Con la expectativa de  haber cumplido con el propósito inicialmente  anunciado, y quedando a la absoluta disposición de los Señores Legisladores para todo aquello que estimen de utilidad que en la materia que trata el proyecto que nos ocupó, hago propicia la oportunidad para saludarlos, con atenta y distinguida consideración.