Sábado, 26 May 2018
Ud esta aquí: Home Años Anteriores Noticias 2011 Reafirmación judicial sobre la autonomía de los Órganos de Control
Reafirmación judicial sobre la autonomía de los Órganos de Control PDF Imprimir E-mail
 

Escribe Claudio Alberto Ricciuti: “…los valores que resaltan el fallo citado radican en el fortalecimiento del órgano establecido por la Constitución Provincial, propendiendo a su independencia en orden a salvaguardar la organización trialista del sistema  político…”

 

El Fiscal de Estado de la Provincia de Tierra del Fuego promueve acción declarativa de certeza (*) en virtud del estado de incertidumbre que generó en los alcances de la relación jurídica laboral, que lo vincula con la Provincia, a raíz del dictado del art. 20 de la ley 805 (norma que estableció una suerte de reglamentación de la pauta constitucional por la cual se establece un tope remunerativo que limita la liquidación de haberes al sueldo fijado para el gobernador), sosteniendo el Fiscal de Estado que al amparo del ordenamiento  normativo y de la interpretación armónica de precedentes locales, debe concluirse que se encontraría alcanzado por la garantía de intangibilidad de sus remuneraciones, juntamente con los restantes funcionarios y magistrados a los que alude el art. 144 de la CPTDF, pues de no ser ello así bastaría que cualquier administrador de turno presione mediante la fijación de una remuneración simbólica e interfiera sobre los integrantes de los organismos de control, procurando con ello la renuncia de dichos funcionarios, dando por tierra con la independencia administrativa, funcional y financiera que deben tener los controlantes, y dentro de los que el actor menciona a la propia Fiscalía de Estado.

 

Al momento de construir la vía crítica de su fallo, el Dr. Gonzalo Sagastume (Ministro del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego) se vale del texto constitucional  para anotar que la figura de la Fiscalía de Estado ha sido instalada en su sección cuarta, atingente a los organismos de contralor y es en ese marco donde fue dado el debate por el constituyente fueguino. Ese posicionamiento no es menor pues sin dudas existió en el espíritu del convencional el preservar a los órganos de control de la interferencia de los restantes poderes del estado, en especial del Ejecutivo, pues  sin perjuicio de representar a la Provincia en la defensa de sus intereses, también se le confirió la potestad de contralor de los actos de gobierno en orden a su legalidad y legitimidad.

 

Señala el primer opinante que la actividad de contralor de la legalidad de los actos de la administración, viabiliza la posibilidad de accionar incluso fuera de la faz administrativa en contra de los intereses del controlante, pudiendo acudir a sede judicial mediante la promoción de acciones de inconstitucionalidad ante la emisión de leyes, decretos, resoluciones y demás actos administrativos dictados en repudio a la Carta Magna local. 

 

Por ende –agrega- puede concluirse que muchas veces el interés del controlado puede no concurrir con el del controlador; ello así, no parece irrazonable preservarlo de cualquier tipo de injerencia exógena que posibilite el avasallamiento de su gestión.

 

En ese sentido (sostiene el juzgador) la subordinación económica plasmada en el acatamiento  por parte del  Fiscal de Estado, a un parámetro remunerativo fijado por el controlado, poco contribuye a preservar la preciada independencia funcional que el sistema republicano de gobierno  propugna. Y  señala la imposibilidad de soslayar que dentro de la misma sección cuarta del plexo constitucional, también se encuentra reglamentado el Tribunal de Cuentas de la Provincia, especificándose concretamente en su art. 165 que sus miembros tienen las mismas incompatibilidades, inhabilidades y prerrogativas que los magistrados del Poder Judicial, siendo inamovibles mientras dure su buena conducta y pasibles igualmente de ser sometidos a juicio político, y agrega que tratándose de órganos de control resulta indudable, más allá de que al aludir al Fiscal de Estado, no se le atribuyen las mismas incompatibilidades, inhabilidades y prerrogativas, que en una recta exégesis constitucional no caben dudas que el accionante las posee. Téngase en cuenta que amén de compartir con los miembros del Tribunal de Cuentas la inamovilidad y el sistema de remoción por medio de juicio político, para ser Fiscal de Estado se exigen los mismos requisitos que para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia.

 

Por su parte, el tratamiento mancomunado de los órganos de control en el Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, persuaden al Dr. Sagastume, aún más, del aserto esgrimido en el párrafo anterior.

 

No otra es la conclusión a la que arribara el Máximo Tribunal nacional en  autos ”Szelagowski, Ricardo c/ Estado Nacional - AFIP s/ acción declarativa de certeza”, sentencia de fecha 28 de septiembre de 2010, en cuanto a que en lo sustancial dispuso que el art. 43 del decreto-ley 7543/69, en cuanto asigna al Fiscal del Estado "un tratamiento remunerativo no inferior al fijado por todo concepto para el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia", no puede ser interpretado en forma aislada, sin tener en cuenta las distintas normas que regulan la institución local y, en especial, la Constitución de la Provincia.

 

Advierte el integrante del más alto tribunal provincial, que del mismo modo que lo hizo el cimero Tribunal, en orden al paralelismo con la investidura del Fiscal bonaerense, que la decisión copiada - al igual que la que ahora propugna-, no se sustentó específicamente en la equiparación salarial que estipula la decreto ley 7543/69, reduciendo la cuestión a una suerte de economicismo, antes bien y lejos de ello, los valores que resaltan el fallo citado radican en el fortalecimiento del órgano establecido por la Constitución Provincial, propendiendo a su independencia en orden a salvaguardar la organización trialista del sistema  político.

 

A su turno, el Sr. Juez Javier Darío Muchnik, tras anticipar su adhesión al colega que lo precedió en el voto, en mérito a la importancia del asunto debatido en el presente litigio agregó una última reflexión, destacando que la Fiscalía de Estado fue concebida por el constituyente como el órgano de control por excelencia de la legalidad de los actos de la administración pública provincial y su patrimonio (art. 167 C.P.). Labor esta que fue integrada por el legislador provincial que, dictó la ley N° 3, en la que se específica el alcance y contenido de su función (art. 1, ley 3), y se establecen una serie de atribuciones  en aras de la consecución de tal cometido (art. 7), entre las que corresponde destacar las concernientes a su independencia económica – proyección y ejecución de su propio  presupuesto (art. 7, incs. “q” y “r”) -, administrativa –administración y organización interna del organismo, pudiendo efectuar designaciones ascensos y remociones (art. 7, incs. “ñ”, “o” y “p”) -, y funcional –en el marco de la cual despliega actividades propias de un fiscal de investigaciones administrativas (art. 7, incs. “a”, “b”, “g”, etc.).

 

Anota el Dr. Muchnik que las características y atribuciones reseñadas, permiten encontrar estrechos puntos de contacto entre el presente y un caso resuelto recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (in re: “Szalagowski, Ricardo c/ Estado Nacional – AFIP s/ acción declarativa de certeza”, Expte. S. 231 XLV, sentencia del 28 de septiembre de 2010), en el cual -luego de convalidar la equiparación pretendida por el Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires con un funcionario del Poder Judicial-, se dijo: “…el ordenamiento jurídico local prevé diversas garantías para preservar la independencia del Fiscal de Estado, no en razón de su persona, sino en mira de la institución, que está vinculada estrechamente con el principio de control recíproco de los poderes, en tanto ejerce, entre otras funciones, un verdadero control de legalidad y constitucionalidad de los actos administrativos provinciales”.

 

El fallo citado reafirma el rol del Fiscal de Estado como un engranaje central en la difícil tarea de controlar la legalidad de la actividad administrativa. Y tales conceptos son plenamente trasladables a nuestro ordenamiento jurídico, por cuanto las atribuciones que tiene asignadas se tornarían letra muerta, si como contrapartida de las mismas, no se reforzaran las garantías para que pueda desempeñarlas en un marco de independencia económica, administrativa y funcional. Sostener lo contrario, implicaría lisa y llanamente enervar el sistema de control diagramado por el constituyente.

 

Queda muy claro cuál es el pensamiento de la Justicia respecto de las bases normativas que confieren al Tribunal de Cuentas identidad institucional autónoma -similar a la del Fiscal de Estado, con la diferencia de que –en el caso del Tribunal de Cuentas- la asimilación a los Magistrados de la Justicia no debe ser colegida sino que es establecida por la propia Constitución Provincial, EN OTRAS PALABRAS, LA EQUIPARACION DE LOS VOCALES DE LOS TRIBUNALES DE CUENTAS DEVIENE INCONTROVERTIBLE POR SER EXPRESION MANIFIESTA DEL CONSTITUYENTE-, no como una repartición más de las que conforman la Administración Pública Provincial, sino como un Ente que por la Ley Mayor se encuentra investido de una  verdadera autonomía funcional administrativa, precisamente para poder alcanzar con independencia los objetivos para los que ha sido creado.

 

(*): "Fiscal de Estado de la Provincia de T.D.F. c/ Provincia de Tierra del Fuego s/ acción declarativa de certeza -medida de no innovar-", expediente N° 2289/10, de la Secretaria de Demandas Originarias.