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VIII CONGRESO PROVINCIAL DE DERECHO

Comisión: Nº 1

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL Y RÉGIMEN MUNICIPAL



TEMA: INCONVENIENCIA DE ADECUAR LA CONSTITUCIÓN DE ENTRE RÍOS A LA REFORMA INTRODUCIDA POR LA CONSTITUCIÓN NACIONAL EN LO RELATIVO AL ORGANO DE CONTROL EXTERNO.

AUTOR: DR. JUAN ANTONIO LLORENS
COLEGIO DE ABOGADOS - SECCION PARANÁ
MONTE CASEROS 625
TEL. 0343 - 4233.839
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I. INTRODUCCION:

El presente trabajo se enmarca en el trascendente tema de la reforma de la Constitución Provincial de Entre Ríos, largamente postergada desde el regreso a la vida democrática en 1983 y tan necesaria para actualizar las excelentes normas que los constitucionalistas de 1933 nos legaron.

Dentro de ese gran tema, el presente se referirá a la "Adecuación a la reforma de la Constitución Nacional", de nuestra Constitución Provincial.

Más específicamente se tratará la cuestión, sumamente relevante, de la disyuntiva de adecuar o no la Constitución de Entre Ríos a la Constitución Nacional, en lo que hace al control externo de la hacienda pública provincial y municipal, en sus aspectos patrimoniales, económicos y financieros.


II. NORMA ACTUAL DE LA CONSTITUCION DE ENTRE RIOS

El artículo 143º de nuestra Constitución Provincial dispone que "...la aprobación o desaprobación de la percepción e inversión de caudales públicos, hecha por todos los funcionarios y administradores de la provincia y de las municipalidades estará a cargo de un Tribunal de Cuentas ...", agregando que "Las sanciones a que dieran lugar los fallos de este Tribunal serán deducidas por el Presidente del mismo ante quien corresponda".

A pesar de disponer la Constitución que la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas debía sancionarse en el primer periodo de sesiones posterior a la sanción, lamentablemente ello se postergó durante treinta y ocho años, comenzando a funcionar el 1º de Enero de 1972

O sea que la actual Constitución instituyó, como Organo de Control externo de la gestión económica, financiera y patrimonial de la hacienda pública provincial y municipal, a un Tribunal de Cuentas, con poder jurisdiccional propio.


III. NORMATIVA INTRODUCIDA A LA CONSTITUCION NACIONAL POR LA CONVENCION CONSTITUYENTE DE 1994

La Convención Nacional Constituyente de 1994 introdujo una reforma sustancial a la Constitución de la Nación Argentina, incorporando un capítulo especial, el sexto, dentro de la sección correspondiente al Poder Legislativo. Así, el artículo 85º dispone que será una atribución propia de dicho Poder "El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos".

En dicho artículo se establece que "El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación".

De tal manera se crea el referido organismo "...de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional,..." pero sin poder jurisdiccional y con dependencia del Poder Legislativo.


IV. ¿EXISTE NECESIDAD DE ADECUAR LA CONSTITUCION PROVINCIAL A LA NACIONAL?
De la situación descripta en los dos capítulos anteriores surge ineludiblemente la cuestión de determinar si al reformarse la Constitución de Entre Ríos necesariamente deben adecuarse todas sus normas a la Constitución Nacional, o bien los convencionales constituyentes tienen facultades para prescindir de lo establecido en ésta última.

Al respecto, resulta meridianamente claro el artículo 5º de la Constitución Nacional, el cual sólo exige a las Provincias que sus Constituciones respeten "el sistema representativo, republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones el Gobierno Federal, garante a cada Provincia el goce y ejercicio de sus instituciones".

La norma transcripta no hace más que ratificar la forma de gobierno adoptada por el artículo 1º, o sea el sistema federal.

Como el artículo 85º introducido por la Convención Nacional Constituyente de 1994, incorporando la Auditoría General de la Nación, no se encuentra entre los principios, declaraciones y garantías establecidos en la primera parte, sino entre las Autoridades de la Nación que conforman la segunda parte, lo cual es correcto, resulta indiscutido que no es obligatoria la incorporación a nuestra Constitución Provincial -en el caso de reformarse- de la instauración del control externo de los sectores públicos provincial y municipal por medio de una Auditoría General y que puede mantenerse la forma de control externo a través de un Tribunal de Cuentas, según lo establecido en el artículo 143º de la actualmente vigente.


V. ¿RESULTA CONVENIENTE LA ADECUACIÓN EN MATERIA DE ORGANO DE CONTROL EXTERNO?

Sentado que la adecuación de nuestra Constitución Provincial a la de la Nación, en materia de control externo de la hacienda pública provincial y municipal, no significa un imperativo para nuestros futuros convencionales constituyentes, quedando los mismos en absoluta libertad para elegir una u otra forma de control externo, debemos analizar cuál de ellas resulta más conveniente a los intereses de los entrerrianos.

Previamente deben clarificarse las características y funciones de las dos formas de control externo posible de la hacienda pública, en términos generales, sin perjuicio de que en algún caso no se den totalmente las mismas, constituyendo excepciones que confirman la regla.

Así tenemos que la Auditoría General, en algunos casos también llamada Contraloría, posee las siguientes características: 
a) tiene dependencia directa del Poder Legislativo; 
b) tiene las funciones de asesorar, aconsejar, recomendar, hasta la función máxima de observación, no llegando en caso alguno a tener funciones jurisdiccionales, ni a exigir imperativamente el cumplimiento de sus observaciones; 
c) entre sus funciones se encuentra la de control de gestión, o sea la de procurar eficiencia, eficacia y economía en el gasto; 
d) ejerce el control posterior al gasto.

El Tribunal de Cuentas, por su parte, responde a los siguientes caracteres y funciones: 
a) tiene independencia de los tres poderes del Estado, siendo en la mayoría de los casos un órgano de la Constitución; 
b) tiene facultades para sancionar y la jurisdiccional para exigir la restitución al patrimonio del Estado del daño causado al mismo, por medio de Juicios de Cuentas y Juicios de Responsabilidad;
c) la mayoría ejerce el control en los aspectos formales, documentales, numéricos y legales, sin entrar al control de gestión, aunque la tendencia actual es de ir incorporando dicha función; 
d) ejerce el control posterior al gasto.

De la simple lectura de las funciones, características y dependencia o no de otro Poder de las dos formas posibles de control externo, surge la convicción que se preferirá una u otra, según el grado y firmeza e independencia de control que quiera realizarse sobre los fondos de la hacienda pública. En otras palabras, si se participa de la idea que el órgano de control externo sólo debe efectuar recomendaciones y como máximo observaciones, sin que el funcionario o empleado público o cuentadante esté obligado a cumplirlas y en su caso a reparar el perjuicio sufrido por la hacienda pública, se estará optando por la Auditoría General o Contraloría.

Por el contrario, quien sostenga que el control externo de los fondos que maneja el Estado, sea nacional, provincial o municipal, debe efectuarse por un organismo absolutamente independiente de otro Poder y con facultades para exigir el cumplimiento de sus conclusiones y la reparación del perjuicio sufrido por el Estado, se inclinará por los Tribunales de Cuentas.

La importancia de la decisión que se tome no resulta menor y tan es así que la mayoría de los países incluyen en sus Constituciones los lineamientos e instituciones de control de los fondos del Estado. En nuestro país, con la excepción de Corrientes y Tucumán, todas las Constituciones de Provincias lo consideran. 

Debe aclararse que en el caso de Corrientes su Constitución no ha sido reformada en mucho tiempo y de allí su desactualización. En lo que respecta a Tucumán, en su mensaje a la Legislatura del 1º de Abril del corriente año, el Gobernador propuso incorporar el Tribunal de Cuentas a la Carta Magna, dándole sustento constitucional. 

Bien decía Alberdi que "El poder de crear dinero, de manejar y de invertir el Tesoro público, es el resumen de todos los poderes, la función más ardua de la soberanía nacional. En la formulación del tesoro puede ser saqueado el país, desconocida la propiedad privada y hoyada la seguridad personal; en la elección y cantidad de los gastos puede ser dilapidada la riqueza pública, oprimido, degradado el país..." (1)

La importancia entonces de un adecuado y eficaz control sobre el gobierno y administración de la hacienda pública no se discute. Muchas veces se ha dicho con razón que una deficiente administración de los fondos públicos -cuanto más si es deshonesta- afecta gravemente las instituciones y a la Nación o Provincia misma, con graves perjuicios para los administrados. Si ello ha resultado siempre una cuestión de trascendencia para el orden público, en los tiempos que corren, donde existe un marcado descreimiento en el común de la población respecto de la mayoría de sus autoridades y dirigentes políticos -lo cual resulta muy lamentable-, nos está indicando que lejos de aligerar los controles y las funciones de los organismos que lo realizan, debemos extremarlos y fortalecerlos, sin llegar a excesos y siempre respetando la garantía de defensa en juicio.

Más aún, no resulta exagerado afirmar que una lucha eficaz contra la corrupción, por medio de organismos institucionales, constituye un elemento imprescindible para preservar el sistema democrático que tanto nos ha costado recuperar. Por lo tanto, considero que en el presente tema no podemos manejarnos a medias o con tibiezas, sino con posturas firmes, claras y eficaces.
De allí que debemos oponernos terminantemente a las llamadas "nuevas tendencias del control", impulsadas por organismos internacionales que pretenden imponer sus propios modelos de control y que en la práctica llevan a pretender instaurar un organismo con dependencia directa de uno de los Poderes del Estado, por esencia el más político en todos los países, como lo es el Poder Legislativo o Parlamento; sin potestades sancionatorias; sin facultades jurisdiccionales; cuya función se limita a producir meros informes, que muy pocas veces son considerados por las Comisiones Parlamentarias a las cuales se remiten y que cuando son tratados se encuentran generalmente desactualizados o no determinan una acción concreta dirigida a suprimir la irregularidad. Esos organismos son las Auditorías Generales.

Por el contrario, debemos realizar todos los esfuerzos necesarios y agudizar la inteligencia para instaurar organismos de control absolutamente independientes de los tres Poderes del Estado, no politizados, con amplias funciones, -pero sin excesos que entorpezcan la gestión de gobierno- con potestades sancionatorias y fundamentalmente jurisdiccionales, integrado por profesionales que conformen un cuerpo técnico de primer nivel, de colaboración con los tres Poderes mediante las informaciones que se le solicitan, con la garantía de inamovilidad de sus miembros y garantizando el recurso último ante la justicia ordinaria por parte de quienes resulten condenados.

Ese organismo, comunmente denominado Tribunal de Cuentas, si bien independiente de los Poderes del Estado, no debe erigirse en otro poder sino que -como la mayoría de los autores lo indica- debe constituir un desprendimiento de las funciones de control del Parlamento y sus funciones son delegadas por el pueblo en la Asamblea Constituyente, cuando está incorporado en la Carta magna, o bien en la propia Legislatura cuando su incorporación al orden jurídico vigente se realiza a través de una Ley. El fundamento de tal delegación de funciones surge de la imposibilidad lógica de efectuar los Parlamentos un control técnico y especializado de la ejecución del Presupuesto y del manejo de los fondos públicos. De tal manera, el Tribunal de Cuentas debe ser un "Organo de la Constitución", incluido en un capítulo especial de la Carta Magna junto a los otros organismos de control, como son la Fiscalía de Estado y la Contaduría General en nuestra Provincia. 


VI. LA JURISDICCIÓN 

Sin duda alguna, la nota distintiva por excelencia entre la Auditoría General y el Tribunal de Cuentas lo constituye la falta de jurisdicción en la primera y la posesión de tal jurisdicción en el segundo. Al respecto, bien se ha dicho que NO HAY CONTROL EFICIENTE SIN JURISDICCION.

Se ha pretendido desconocer dicho principio liminar del control de la hacienda pública, argumentándose que el Organismo debe controlar e investigar y aportar todas las pruebas del presunto ilícito, para que el Poder Judicial intervenga, respetándose así la división de poderes. Con dicho criterio deberían desaparecer todos los Tribunales Administrativos, los cuales hoy día no son discutidos, después de haber sido debatido ampliamente el tema por la doctrina y jurisprudencia, siempre que se reúnan las dos condiciones indispensables establecidas por la Corte Suprema de la Nación para su reconocimiento. La primera condición es que se asegure el recurso judicial contra sus resoluciones, o sea que siempre esté dada la última palabra jurisdiccional por el Poder Judicial. La segunda, es que no exista dependencia funcional del Tribunal Administrativo, en forma directa, del poder Administrador.

En nuestra provincia, ejemplarmente, el Superior Tribunal de Justicia, en innumerables oportunidades se ha expedido favorablemente sobre la constitucionalidad de la potestad de juzgamiento del Tribunal de Cuentas de Ente Ríos, a partir del fallo "Alvarez Daneri, José Alberto..." (L.S. 1982, pág. 81) sosteniendo que: "...El carácter jurisdiccional y su correspondiente limitación al respecto, del organismo en examen, surge de la circunstancia de que la Constitución lo ha dotado de esa naturaleza porque a él le corresponde conocer y juzgar sobre la percepción o inversión de los caudales públicos, es decir, de una competencia especial de carácter técnico que no sustituye, en lo atinente a la ejecución de sus "fallos" a los juicios civiles ni a los penales.- ...El carácter jurisdiccional del Tribunal de Cuentas se basa, también, en la circunstancia de que sus "fallos" son el fruto de un contradictorio en el que el recurrente ha tenido todas las garantías del debido proceso... El Dr. Canassi ("Derecho Administrativo", vol I, pág. 464/65) pone de resalto el carácter jurisdiccional del Tribunal de Cuentas a través de todos los factores que tipifican esa actividad: Derecho de Defensa; Autonomía de sus miembros; garantía de lo que éstos gozan; prerrogativas de sus integrantes; inamovilidad; sistema de enjuiciamiento; inhabilidades, etc...".

La Jurisdicción por parte del órgano de control externo posee la ventaja de la inmediatez y de la especialización, a la cual no puede llegar el Poder Judicial por la variedad de los temas que aborda y por la cantidad de asuntos traídos a su consideración, circunstancia esta última que hoy día significaría agravar aún más, un sistema judicial totalmente desbordado por el número de expedientes que se tramitan ante el fuero civil y comercial, que es el que debería pronunciarse.

Resulta indudable la conveniencia de concentrar en un solo Organo la potestad estatal de atribuir responsabilidad, ordenada al resarcimiento patrimonial de la Hacienda Pública, o sea la de juzgar en Primera Instancia por quien tiene especialización e idoneidad en la temática, como así también hacerlo en forma más o menos inmediata, para evitar prescripciones, insolvencias, desapariciones o condenas cuando el funcionario ya se ha alejado de sus funciones. Así lo imponen los modernos criterios de eficiencia, eficacia y economía. Todo ello, sin perjuicio de la apelación ante el poder Judicial de quien resulte condenado.

Por lo demás, la posibilidad de una acción resarcitoria inmediata contra funcionarios y empleados de la Administración, no sólo lleva a desalentar conductas irregularidades sino también a ejercicios más responsables del cargo, para evitar actitudes negligentes que pueden llevarlo a la obligación de reparar el daño causado al erario público.

Por lo tanto, la jurisdicción resulta un elemento esencial para la eficacia y eficiencia del órgano de control, debiéndose respetar las dos condiciones exigidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mencionas ut-supra.

De allí la importancia mayúscula de instaurar como órgano de control a un Tribunal de Cuentas y no a una Auditoría General.


VII. PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL TEMA DE ENTIDADES NACIONALES REPRESENTATIVAS

Los lineamientos y opiniones expresados en el capítulo anterior coinciden con la gran mayoría de la doctrina y estudiosos sobre el particular.

Asimismo numerosas entidades nacionales, de amplia representatividad, se han expedido sobre la problemática.

Por ejemplo, la Asociación Argentina de Profesores Universitarios de Contabilidad Pública ha tratado la cuestión en sus IX y XII Simposio Nacional de los años 1991 y 1994 respectivamente, con similares conclusiones. En el último de los nombrados, se sostiene como conclusión: 12.-"Afirmar que el sistema de control debe contener necesariamente, la institución de la jurisdicción contable que permita el juzgamiento de las cuentas y de la responsabilidad, dado el carácter dependiente de la Hacienda Pública. Que para ello es indispensable entender que el órgano que tenga a su cargo esta función debe ser independiente de los tres poderes del Estado, sus integrantes deben ser inamovibles y no recibir instrucciones de ninguno de los tres poderes. ...13.- Advertir que en la institución de la Auditoría General de la Nación recientemente incorporada a la Constitución Nacional, no se precisan con la claridad debida, los principios señalados en la conclusión inmediata anterior". (2)

También el IX Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas (24 de Octubre de 1992) sostuvo: 3.- "que a fin de garantizar la eficacia del sector público, corresponde propugnar -a través de las entidades representativas de los graduados en Ciencias Económicas- que los órganos superiores de control de nivel nacional y provincial tengan en el futuro rango constitucional, asegurándoles autarquía financiera, independencia funcional y estabilidad de sus miembros..." 7.- que debe mantenerse la jurisdiccionalidad de los Organismos de control externo como una garantía de posibilitar al Estado el resarcimiento del daño causado a la hacienda Pública".

Por su parte el XII Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas (Córdoba - Setiembre de 1998) realizó las siguientes conclusiones: "Los órganos de Control Público Externo deben ser independientes administrativa, funcional y financieramente; poseer potestades jurisdiccionales, administrativas y contables; realizar control de gestión en sus diferentes aspectos; y estar constituidos por profesionales especializados en la materia".

En la VIII Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores -OLACEFS- realizada en la Ciudad de Caracas, Venezuela en el mes de Octubre de 1998, en el tratamiento del Tema II: Como utilizar la Auditoría del Estado y el Control de Gestión, para combatir eficazmente las nuevas modalidades de corrupción, se recomienda: 7.- "Reafirmar la facultad jurisdiccional de los organismos de control externo, que la tengan asignada por la Constitución y/o leyes orgánicas, como una alternativa válida, eficiente y eficaz para combatir la corrupción en sus diferentes modalidades."


VIII. DERECHO COMPARADO

En el Derecho comparado, a sólo título de ejemplo pueden citarse los Tribunales de Cuentas de España, Francia, Alemania, Paraguay, Brasil y sus Estados; el juicio de cuenta que incluye la Constitución de Chile y la Contraloría General de la República de Colombia, que a pesar de su nombre responde a la esencia de los Tribunales de Cuentas, como independencia absoluta de los demás poderes, y su jurisdicción coactiva. 

En lo que hace a las Provincias argentinas, con la única excepción de Salta, todas las demás tienen instituído un Tribunal de Cuentas como órgano de control externo. Resulta importante destacar que todos ellos tramitan Juicios de Cuentas y además el Juicio de Responsabilidad, en este último caso con la única excepción de Entre Ríos, por la supresión dispuesta por la Ley 8738 a tal función, que poseía.

Lo más importante y positivo sobre el particular ha sido que las Constituciones de Buenos Aires, Chaco y Chubut, a pesar de haber sido reformadas con posterioridad a la introducción en la Constitución Nacional de la Auditoría General en el año 1994, no sólo mantuvieron sus Tribunales de Cuentas, sino que en algunos casos le otorgaron mayores facultades

Otro hecho altamente significativo es que Tierra del Fuego convirtió su Auditoría General en Tribunal de Cuentas y Río Negro su Contraloría General en igual Tribunal.

Este panorama sumamente auspicioso de las Provincias argentinas, debe ser resaltado y motivo de admiración hacia los convencionales constituyentes que han preferido un control público exigente, incorporando o manteniendo los Tribunales de Cuentas como institución más acorde con nuestros orígenes, costumbres, tradiciones e idiosincrasia latina.


IX. INCORPORACION DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA NACION 

Contrastando con la vigencia de un órgano de control fuerte y eficiente en las provincias, según lo expresado en el capítulo anterior, la Nación produjo un retroceso en la materia, ya que el Tribunal de Cuentas de la Nación fue sustituido por la Auditoría General de la Nación, primero mediante la Ley 24.156 y posteriormente por el articulo 85º de la Constitución Nacional, con la reforma introducida en el año 1994.

Dicha Auditoría General resulta inoperante e intrascendente ya que -según el ordenamiento legal vigente-, tiene dependencia directa del Poder Legislativo; sólo posee independencia financiera; sus informes son remitidos a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, compuesta por doce legisladores, la cual no tiene facultades sancionatorias; puede decidir la publicación o no de los informes de la Auditoría; no tiene obligatoriedad ni facultades para efectuar denuncias judiciales y puede no emitir pronunciamiento sobre los dictámenes de la Auditoría. Además por el artículo 117 de la Ley 24.156, quedan exentos del control, el Presidente, Vicepresidente, Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros y los Miembros de la Corte Suprema. 

En suma, se advierte la imposibilidad de la Auditoría General de la Nación para efectuar un control eficiente de los importantes fondos que se manejan en el Estado Nacional.


X. CONCLUSIONES Y PONENCIA

De lo expresado en los capítulos anteriores surge la imperiosa necesidad de instaurar, como órgano de control externo de la hacienda pública, a un Tribunal de Cuentas, que tenga independencia total de los tres Poderes; con jurisdicción propia para tramitar juicios de cuentas y juicios de responsabilidad; con amplias funciones, incluida la de asesorar, sugerir y recomendar en lo atinente a la gestión de gobierno; con miembros inamovibles en su función y con recursos humanos y económicos suficientes para cumplir con eficiencia tan importante función.

Por otra parte, se advierte la inconveniencia manifiesta de incorporar una Auditoría General, por su dependencia directa de otro Poder y su falta de jurisdicción, que lo convierten en un organismo ineficiente e intrascendente.

En lo que hace a la Provincia de Entre Ríos, estando incorporado en su Constitución actual el Tribunal de Cuentas, mediante el artículo 143, resultaría nefasto y una evidente retrogradación en el control externo de la hacienda pública, que el mismo fuera sustituido por una Auditoría General. Por lo tanto, no resultando obligatoria la adecuación de la Constitución Provincial a la nacional en lo que hace a los órganos de control externo, no debe producirse tal adecuación y mantenerse el Tribunal de Cuentas instituido.

Ello no significa que la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos no pueda ser modificada para fortalecerlo y mejorarlo.

Por ejemplo, deben restituirse a dicho Tribunal las facultades del Juicio de Responsabilidad, que desde su instauración tuvo y le fuera suprimido por la Ley 8738. Asimismo, podría disponerse que a sus funciones de control en lo formal, numérico, legal y documental, se agregara la función de control de gestión, no para entorpecer la misma o para imponer criterios, sino para colaborar con recomendaciones y sugerencias que pueden ser de mucha utilidad para quienes están al servicio del bien común.

Igualmente, deberá ampliarse el recurso previsto para los fallos del Tribunal ante el Superior Tribunal de Justicia, que actualmente se limita a un recurso de Inconstitucionalidad, llevando a que sean apelables todas las cuestiones objeto del fallo dictado.

En otras palabras, se concluye coincidiendo totalmente con las recomendaciones generales de la Comisión Nº 1 "Reforma de la Constitución" del VI Congreso Provincial de Derecho de Entre Ríos, realizado en la Ciudad de Concepción del Uruguay en Octubre de 1992 y que textualmente expresa: "Se recomienda: 
a) Ante la posibilidad cierta de que se propicie una reforma a la normativa vigente en materia de control externo, el mantenimiento del rango constitucional para el Tribunal de Cuentas de la Provincia como principio liminar del sistema. 
b) Respetar y mantener su jurisdicción en materia administrativo patrimonial asegurando la independencia y estabilidad de los miembros del Tribunal de Cuentas. 
c) Todo ello sin perjuicio de ampliar el control jurisdiccional de parte del poder judicial, de forma tal que abarque en materia recursiva no sólo la faz constitucional, sino que alcance a los hechos y a la prueba producida en los procesos que se sustancia ante ese órgano de control." 

Cabe recordar que a la fecha de dicho Congreso aún no se había dictado la ley que suprimió la facultad de tramitar Juicios de Responsabilidad al Tribunal de Cuentas, por lo cual dicho tema no fue motivo de debate.

Por todo lo expresado, se realiza la siguiente ponencia:

PONENCIA

a) De producirse la reforma de la Constitución de Entre Ríos, no deberá adecuarse la misma a lo dispuesto por la Constitución Nacional en su artículo 85º, con la reforma introducida en 1994, manteniéndose como órgano de control externo al Tribunal de Cuentas, estatuído por el artículo 143º, disponiendo su plena jurisdicción en materia administrativo patrimonial, tanto para juicios de cuentas como para juicios de responsabilidad.

b) Ratificar en la Constitución Provincial la independencia de todo otro Poder del Tribunal de Cuentas y la inamovilidad de sus miembros.

c) Incorporar una sección especial en la Constitución de Entre Ríos para los Organos de Control, incluyendo al Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado y Contaduría General de la Provincia.

d) Ampliar el contralor jurisdiccional del Poder Judicial sobre las sentencias que dicte el Tribunal de Cuentas, sustituyendo el Recurso de Inconstitucionalidad por el de Apelación.

e) De incorporarse la autonomía institucional de los Municipios, en su carta orgánica los mismos podrán establecer el control externo, a través de un Tribunal de Cuentas independiente del Departamento Ejecutivo y del Concejo Deliberante. Hasta tanto ello ocurra, seguirá teniendo competencia el Tribunal de Cuentas Provincial sobre tales Municipios.-

CITAS

(1) Alberdi, Juan Bautista, "Sistema económico y rentístico de la confederación". Editorial Escuela de Educación Económica, 1977, pág. 260.

(2) Boletín informativo de la Asociación Argentina de Profesores Universitarios de Contabilidad Pública, Marzo-Abril 1995, pág. 6 y 7. 

Nota de Redacción: las conclusiones del presente trabajo fueron aprobadas por unanimidad en el VIII Congreso Provincial de Derecho, realizado en la Ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, del 05 al 07 de Octubre de 2000.-