Miércoles, 27 Ene 2021
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Convención Interamericana Contra La Corrupción PDF Imprimir E-mail

 


CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN


Uno de los ejes de trabajo de la Red Interamericana por la Democracia es la lucha contra la corrupción. En tal sentido, creemos oportuno poner el foco en el estado de situación en nuestros países de la Convención InterAmericana contra la Corrupción (CICC), de la Organización de Estados Americanos (OEA).


Este segundo número de InfoRID en Foco ofrece la opinión de expertos en la materia, un panorama del seguimiento de la implementación de la convención por parte de organizaciones de la sociedad civil, y algunos elementos que ayuden a la comprensión del tratado.

¿Qué hace importante a la Convención Interamericana contra la Corrupción para nuestros países?

Por Mercedes Argaña, Directora Ejecutiva de la Unidad Técnica del Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad (CISNI), Asunción, Paraguay: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla . Ver: www.pni.org.py

La CICC es un instrumento del derecho internacional sumamente interesante y novedoso, tanto por sus disposiciones como por la inclusión de un mecanismo de seguimiento que vela por el cumplimiento de las mismas. Antes de la CICC cada país encaraba el combate contra la corrupción según las normas de su derecho interno sin involucrarse ni rendir cuentas a los demás países. Esto cambió radicalmente a partir del Acta de Buenos Aires sobre el mecanismo de seguimiento de la implementación de la CICC de mayo de 2001.

En consecuencia al hablar de la importancia de la CICC, en primer lugar debe señalarse el logro de concertar una agenda anticorrupción, de cumplir con un mecanismo de reporte periódico que permite a los países comparar sus avances en la materia.

En particular para Paraguay la ratificación de la CICC en 1996 inició un proceso sin retorno. Después de varios años de su promulgación se inició la articulación de sus mandatos a varias iniciativas ya encaradas por el entonces Plan Nacional Anticorrupción (2001); actualmente denominado Plan Nacional de Integridad implementado por el Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad.

La CICC favoreció el inicio de cambios importantes con relación a las medidas estructurales que debían realizarse, enriqueció la discusión pública sobre la corrupción, permitiendo el paso de enfoques parcialistas y anecdóticos a análisis más sistémicos sobre la problemática.

En este sentido una fortaleza importante de la CICC es el planteamiento de las dos grandes “familias” de medidas anticorrupción: (1) las preventivas y (2) las penales. Esto significó mucho a la hora de encarar discusiones para elaborar estrategias de acción con los distintos sectores, ampliar el enfoque de las alternativas a otros aspectos más allá de los criminales. Facilitó la identificación de los ejes de trabajo que distintas organizaciones de la sociedad civil se encuentran impulsando, tendientes a garantizar el acceso a la información de interés público y la promoción de la participación ciudadana en el control de la cosa pública. Mientras que para las instituciones públicas sirvió como guía para establecer prioridades.

En la actualidad, en cuanto al mecanismo de seguimiento establecido en Paraguay se ha avanzado bastante hacia el desarrollo de un Programa de Monitoreo del cumplimiento de las disposiciones seleccionadas, se ha encarado el trabajo de detallar los indicadores específicos que permitirán medir el grado de avance, lo cual a su vez, se espera sirva como guía de implementación para las instituciones públicas.

El informe de Paraguay fue aprobado por el Comité de Expertos en julio de 2003, y han sido presentados dos reportes de avance hasta la fecha. El segundo incluyó una sección de comentarios de Transparencia Internacional, Capítulo Paraguay. Este hecho marca una línea de trabajo que se continuará en los siguientes.

Se está estudiando cómo organizar la participación ciudadana en el informe, y se estima que se podría abrir un período de análisis para que las distintas organizaciones interesadas puedan presentar sus comentarios, críticas o sugerencias y que las mismas sean integradas al documento oficial.

En resumen, la importancia de la CICC puede identificarse en los siguientes puntos:

  • Núclea a más de 30 países con una agenda anticorrupción común.
  • Cuenta con un mecanismo de seguimiento que comprende informes periódicos de avance, comparables entre los países. Propone la necesidad de desarrollar medidas preventivas además de las penales, ampliando de esa manera la comprensión de los aspectos jurídicos e institucionales más importantes, que hacen a la lucha contra la corrupción.
  • Enfatizando la prevención como una de las actividades más importantes porque evitan que los ilícitos sucedan.
  • Permite organizar una agenda legislativa nacional en función a las disposiciones.
  • Otorga un protagonismo importante a la participación ciudadana a través del control social.
  • Promueve la cooperación internacional para prevenir, detectar y sancionar la corrupción entre los Estados parte.

 

Convención Interamericana contra la Corrupción: Su importancia y el papel que desempeñan las ONGs para el seguimiento de su implementación.

Por Gillian Dell, de Transparency International (TI): Berlín, Alemania, Tel: +49-30-3438 20-0, Fax: +49-30-3470 3912/ Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla . Ver: www.transparency.org



Treinta estados de las Américas ratificaron la Convención Interamericana contra la Corrupción (Convención de la OEA), adoptada por la Asamblea de la OEA el 6 de marzo de 1996. Al hacerlo, reconocieron el problema de la corrupción en sus países y en su región, reconocieron su complejidad y sus características transfronterizas, y asumieron un compromiso político compartido de alto nivel para tratar el problema a nivel individual y colectivo. La Convención obliga a sus Estados Parte a cumplir con reglamentaciones y normas acordadas para tratar la corrupción, incluso medidas preventivas y punitorias. También establece un marco de cooperación regional.

Más específicamente, la Convención de la OEA cubre muchas áreas temáticas de interés para las organizaciones de la sociedad civil de la región. Incluye disposiciones preventivas que exigen estándares de conducta para las personas que ejercen funciones públicas; sistemas abiertos y equitativos de contrataciones y compras; sistemas de control y recaudación de ingresos del gobierno que disuadan la corrupción; sistemas de whistleblower (persona que denuncia la existencia de prácticas corruptas dentro de su organización) y protección de testigos; requisitos contables y de registro para las empresas que cotizan en bolsa; mecanismos para alentar la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en esfuerzos destinados a prevenir la corrupción; y otras disposiciones diseñadas para disuadir la corrupción. Las medidas punitorias exigen penas para una gama de actos de corrupción, incluido el soborno nacional y transnacional. Al mismo tiempo, el marco de cooperación regional incluye disposiciones para una mejor asistencia mutua en el cumplimiento de la ley, en particular, en cuanto a la extradición e investigaciones. Más aún, no se puede invocar el secreto bancario como la base para la negativa de asistencia legal mutua.

Si bien la Convención es importante, su impacto depende del seguimiento de su implementación, tanto a través de seguimientos intergubernamentales como de la sociedad civil. Sin seguimiento, lo más seguro es que la Convención sea ignorada, especialmente debido a que sus disposiciones son muy generales y requieren ser desarrolladas mediante el proceso de revisión. En virtud del mecanismo de seguimiento acordado por los Estados Parte en junio de 2001, un Comité de Expertos (designados por el gobierno) realiza revisiones y evalúa si los países han progresado en cuanto a la implementación y cumplimiento de la Convención. El Comité realiza un análisis técnico basado en las respuestas a un cuestionario que se envía a los estados que están siendo revisados y a las organizaciones de la sociedad civil de esos países. El Comité de Expertos también realiza reuniones de revisión sobre la implementación, a las que están invitados los representantes de los estados y las organizaciones de la sociedad civil. (La participación de la sociedad civil no estaba prevista pero se ha incluido como resultado de la presión ejercida por Transparency International) Esta parte del proceso de revisión crea un espacio de diálogo entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil sobre el desempeño de los gobiernos en cuanto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Convención.

En base a los aportes brindados y a su propia investigación, el Comité emite un informe final que incluye las recomendaciones relacionadas con toda reforma necesaria para que un país cumpla con la Convención. Estos informes finales, así como algunas respuestas de los estados al cuestionario y las presentaciones de la sociedad civil se publican en el sitio web de la OEA y por lo tanto están ampliamente disponibles. Este tipo de transparencia promueve la supervisión del público y hace que el proceso de revisión sea más creíble y serio. El Comité se encuentra actualmente en la primera ronda de su proceso de revisión habiendo sesionado en cuatro reuniones de revisión en los años 2003 y 2004 que cubrieron doce países. Se han programado otras revisiones para marzo y septiembre de 2005 y marzo de 2006. Diríjase al sitio web de la OEA para obtener más información: www.oas.org. Desafortunadamente, las revisiones se han llevado a cabo con bastante lentitud hasta ahora, en parte debido a la falta de recursos de la Secretaría de la OEA.

El proceso de seguimiento intergubernamental le da mordacidad a la Convención y es clave para que las ONG participen para brindar un punto de vista independiente y equilibrar la información proporcionada por los gobiernos. Pueden participar mediante la presentación oportuna de las respuestas escritas al cuestionario, que en general lleva a una invitación a realizar presentaciones orales en las reuniones de revisión. En las revisiones de países llevadas a cabo a la fecha, estas presentaciones escritas fueron preparadas como un esfuerzo conjunto de la sociedad civil de los países que se encontraban bajo revisión y han tenido un impacto notable en el informe final del Comité de Expertos. Las organizaciones de la sociedad civil también desempeñan un papel importante al recordar a sus gobiernos nacionales las recomendaciones emitidas en los informes finales del Comité de Expertos. De modo más general, pueden ayudar a promover un proceso de revisión más rápido, con mejores recursos y más eficiente.

Sin embargo, las ONGs no necesitan limitar su seguimiento de la implementación nacional al proceso de revisión intergubernamental. Es de igual importancia el seguimiento de la sociedad civil llevado a cabo independientemente del proceso de revisión de pares de los gobiernos y sobre una gama más amplia de temas que los cubiertos por el Comité de Expertos. De hecho, la red de TI en las Américas coordinará el año entrante una serie de evaluaciones de ONGs nacionales relacionadas con la implementación de la Convención por parte de los gobiernos en diversas áreas, la mayoría de las cuales todavía no ha sido cubierta por el proceso de revisión intergubernamental. Más aún, la sociedad civil puede desempeñar un papel importante de concientización sobre la Convención, destacando su utilidad como vehículo para tratar la corrupción y promover transparencia. Un mayor conocimiento de la Convención tenderá a fortalecer el compromiso con su implementación.

La importancia de la Convención Interamericana contra la Corrupción

Por Nicolás Raigorodsky. Director de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de Argentina: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

La preocupación por la prevención y el combate contra la corrupción viene creciendo de manera sostenida en todos los ámbitos. Resulta muy claro que la corrupción tiene efectos devastadores sobre una multiplicidad de aspectos fundamentales: afecta las instituciones democráticas y el sistema político, atenta contra el desarrollo económico y profundiza las desigualdades sociales. Pese a que la corrupción es un problema de larga data, la puesta en la agenda pública de este problema es muy reciente. Sólo a fines de la década de 1980 se comienza a tomar conciencia de la real medida en que la corrupción afecta las instituciones y los mercados.

Así fue que esta nueva mirada sobre la corrupción permitió llegar, sobre la segunda mitad de la década del ‘90, a algunos acuerdos internacionales que establecieron marcos adecuados para combatir las irregularidades y mejorar la gestión pública.

Nuestro continente es el pionero indiscutido en el impulso de instrumentos para la lucha contra la corrupción, ya que la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) fue el primer instrumento internacional de carácter regional sobre prevención, detección y sanción de la corrupción. Esta convención firmada en 1996, obtuvo rápida ratificación entre los países de la región y significó un enorme avance al constituirse en un marco instrumental para que los países desarrollen mejores y más eficientes políticas públicas y promuevan la cooperación internacional con el objeto de lograr resultados concretos en este difícil combate.

Para nuestro país, que ratificó la convención en el año 1997, la CICC integra una serie de instrumentos que significaron un cambio de paradigma, pasando de la tradicional consideración de las normas internacionales como “buenas intenciones sin medidas de coacción” a un nuevo modelo relacionado con el cabal cumplimiento de las obligaciones adquiridas. Como resultado de ello, se adoptaron en la legislación interna una serie de mejoras en las normas e instrumentos disponibles para prevenir y combatir la corrupción.

Con la intención de ir acercándose al primordial objetivo de que los países miembros cumplan en toda su extensión con los compromisos asumidos al sumarse a la convención, se desarrolló el mecanismo de seguimiento de la implementación de las disposiciones del citado instrumento internacional.

Este mecanismo se basa en el llamado sistema de “revisión entre pares”, que consiste en que sean los otros países que integran la OEA quienes evalúen, a través de criterios técnicos objetivos, el modo en que cada uno de los miembros ha implementado los postulados de la convención en su derecho interno.

El mecanismo de seguimiento se apoya en un Comité de Expertos, integrado por especialistas designados por cada país. La República Argentina está representada en dicho comité por dos funcionarios de la Oficina Anticorrupción (OA), ya que es el organismo “encargado de velar por la prevención e investigación de aquellas conductas que (...) se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción aprobada por Ley Nº 24.759" (conforme el Decreto Nº 102/99).

En este sentido es dable destacar que las recomendaciones del Comité de Expertos han venido a consolidar las líneas de trabajo desarrolladas por la Oficina Anticorrupción, como por ejemplo, generar una política de control de posibles de conflictos de intereses y de declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios; diseñar herramientas para la transparencia en el uso de los recursos públicos; instalar estrategias de lucha contra la corrupción en las provincias e implementar mecanismos eficaces de participación de la sociedad civil en la gestión de los asuntos públicos, entre otras.

En este contexto, la OA ha apoyado permanentemente la participación de la sociedad civil en el mecanismo, asistiendo técnicamente y colaborando en la conformación de dos comisiones de monitoreo de la CICC integradas por prestigiosas asociaciones profesionales y OSCs. Este trabajo conjunto de la Oficina Anticorrupción con las organizaciones de la sociedad civil ha estimulado a Transparencia Internacional a felicitar públicamente a la República Argentina.

En la Cumbre Extraordinaria de la Américas, celebrada en Nuevo León (México) a principios de 2004, los Jefes de Estado de los países de nuestro continente expresaron que "la superación de la pobreza, el hambre y la desigualdad social son grandes retos que enfrentan muchos países del hemisferio en el siglo XXI". De acuerdo con todos los índices de medición de gobernabilidad y transparencia, los países con mejor distribución de ingreso y más alto desarrollo son aquellos que han logrado reducir al mínimo sus niveles de corrupción. La plena vigencia de la Convención Interamericana contra la Corrupción es el camino más eficiente para lograr terminar con la corrupción.

 

FUENTE: www.respondanet.com // Información sobre temas anticorrupción