Miércoles, 27 Ene 2021
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Rendición del Ejercicio 2004 - Tierra del Fuego PDF Imprimir E-mail
 



El Tribunal de cuentas de Tierra del Fuego cuestiona el destino de 14 millones de pesos en concepto de anticipos



La investigación sobre el Gobierno por los anticipos con cargo a rendir, otorgados a distintos funcionarios durante el ejercicio 2004, asciende a más de 14 millones de pesos. El presidente del Tribunal de Cuentas, Claudio Ricciutti, aclaró que el informe fue concluido en las últimas horas por los auditores del organismo. Se cotejaron 260 expedientes y más de 5000 facturas. No obstante, se trata de la primera etapa, debido a que habrá inspecciones sobre algunas obras públicas para determinar si existió una efectiva prestación del servicio. Ricciuti señaló que las posibilidades varían entre aplicación de multas a funcionarios, juicio de responsabilidad y denuncia judicial. Aclaró que los anticipos "no son ilegales", lo que se cuestiona "es el abuso" de su utilización.

El Tribunal de Cuentas determinó, a través de un informe elaborado por sus auditores, que alrededor de 14 millones de pesos fueron utilizados durante 2004 de manera poco clara por el Gobierno, en concepto de anticipos con cargo a rendir. De esta forma, se elevó considerablemente el monto que en principio se había dado a conocer, donde se señalaba que 8 millones eran los cuestionados por el organismo.
Así lo confirmó a el diario el presidente de Tribunal de Cuentas, Claudio Ricciuti, quien indicó que el informe fue concluido en las últimas horas y será remitido a la Legislatura por pedido de los parlamentarios. El contador aclaró que "ésta es la primera parte de la investigación", teniendo en cuenta que esta semana "se iniciarán inspecciones para constatar si verdaderamente existió la prestación de servicios".
Consultado por el monto de anticipos cuestionados, Ricciuti sostuvo que "se trata de poco más de 14 millones de pesos" del ejercicio 2004, aunque hubo un notable descenso de otorgamientos de fondos mediante este mecanismo, a partir "de la intimación que le hicimos en su momento al ministro de Economía, (Roberto) Murcia". Este monto ha sido cotejado con la creación de la base de datos que ha generado el Tribunal de Cuentas mediante la documentación colectada. Parte de estos fondos no han sido rendidos correctamente por los funcionarios que los percibieron, con el objeto de hacer frente a pagos de proveedores, explicó el contador.
"Hay falencias administrativas de toda índole", precisó el funcionario, aclarando que desde el organismo se investiga que "sea justo el precio que se pagó", como también, "queremos verificar que haya existido una real prestación por la cual se erogaron los fondos", aclaró Ricciuti.
Como posibles consecuencias, el contador sostuvo que podría "haber aplicación de sanciones y multas a funcionarios; ante la presunción de perjuicio fiscal iniciar un juicio de responsabilidad; y ante la eventualidad de la presunción de algún delito, deberemos llevarlo a la justicia". Pero aclaró que no se han determinado acciones de este tipo aún, y explicó que "son las posibilidades" de las probables consecuencias.
En ese orden, aclaró que el otorgamiento des anticipos con cargo a rendir "no se trata de un sistema ilegal", aunque comparó que "es como el cigarrillo: lo que mata es el abuso", graficó el Presidente del Tribunal de Cuentas.

Arduo trabajo

Por otra parte, Ricciutti señaló que "se hizo un trabajo de hormiga", teniendo en cuenta que se tuvo que armar un equipo de ocho auditores y que "tuvieron que cotejar 260 expedientes y más de 5000 facturas".
En referencia a la investigación, textualmente sostuvo: "Es como si nos hubiesen dado una caja de bolitas, en la cual los auditores tuvieron que separar el tamaño y color de las mismas. Esto porque era la única manera que teníamos de hacer una revisión correcta de la situación".
El presidente del organismo sostuvo que el cúmulo de información "ha sido elevado por los auditores y revisores al vocal de auditoría", aunque aclaró que a partir del análisis primario "se le pidió una serie de ampliaciones que se realizarán esta semana". Una vez que se tengan definiciones al respecto "nos servirá para determinar si se aprueban o no las rendiciones que se enviaron" por parte del Gobierno.
Concretamente, esta ampliación del informe solicitado a los auditores "está relacionada puntualmente con algunos expedientes, principalmente de obra pública. Por este motivo, hemos enviado arquitectos del Tribunal a las obras para que cotejen si la prestación fue correctamente dada".

El Diario del Fin del Mundo
http://www.eldiariotdf.com.ar/2005/agosto/2/nota05.htm


Denuncian al gabinete fueguino por corrupción.
Crece el malestar contra Colazo

USHUAIA.- El ex ministro coordinador del gabinete de Tierra del Fuego Alejandro Vernet acusó al ministro de la Producción, Marcelo Morandi, precandidato oficialista a diputado nacional, de ser "el cajero de la pesca en la provincia" y aseguró que después de otorgar permisos a empresas pesqueras para que operen en aguas jurisdiccionales "hay funcionarios que viajaron dos o tres días a Uruguay, aun estando nublado".

La denuncia impactó doblemente en el convulsionado tablero político de la isla por resonar en plena campaña electoral, de subido tono de confrontación interna en el partido gobernante, y porque amenaza con derivar en la primera denuncia por corrupción contra la gestión del mandatario radical, Jorge Colazo si es que Vernet sostiene sus dichos en los estrados judiciales. "Tengo fuertes indicios de que varios funcionarios cruzaron el charco después de otorgar permisos a empresas pesqueras que habían sido sancionadas", denunció el ex funcionario a LA NACION, y agregó que en el gobierno fueguino "hay tal desorden administrativo que termina siendo corrupción".

Además de ex ministro, Vernet había sido el elegido por Colazo para encabezar la lista de precandidatos a diputados nacionales por su sector, pero finalmente el mandatario se inclinó por Morandi, lo que obligó a Vernet a declinar su postulación. "Seguramente, los intereses de la pesca fueguina pudieron por sobre los intereses políticos", lanzó ayer Vernet en respuesta a quienes adjudicaron sus dichos al "dolor de ya no ser", como le enrostró la legisladora Patricia Pacheco. Morandi desmintió a Vernet, enmarcó la denuncia en el "calor de la campaña política", y dijo: "La última vez que fui a Uruguay, fue a Montevideo, en 1986, a un congreso de lanas".

Por su parte, el legislador de ARI, Manuel Raimbault y su par de bancada José Martínez se convirtieron ayer en los primeros funcionarios en leer entre líneas. "Si acá hablan de cajero de la pesca y de viajar a Uruguay para cobrar o depositar, se está hablando de corrupción", tradujo Raimbault.

El legislador anunció que hoy presentará una denuncia formal en la Justicia para que Vernet comparezca en sede penal, y reclamará la actuación del fiscal de Estado y del Tribunal de Cuentas para "que investiguen, en principio, si hubo enriquecimiento ilícito de Colazo y de Morandi".

"Más que de la gestión pública, Vernet parece salido de un círculo mafioso, donde el código de silencio es un requisito para pertenecer", cuestionó Raimbault, quien pedirá al ex funcionario "que explique qué significa ser cajero de la pesca, quiénes viajaban a Uruguay y qué hacían en Uruguay y, si no lo puede hacer, deberá someterse a una denuncia por falso testimonio".

La Nación
http://www.lanacion.com.ar/726657