Miércoles, 27 Ene 2021
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LOS PODERES DEL PRESIDENTE: UNA LEY QUE NUNCA SE VOTO DEBERIA REGLAMENTAR EL USO DE LOS DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA

 

Armando Vidal.
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En el Congreso no hay ningún control

Los decretos de necesidad y urgencia tienen una historia directamente vinculada con el ejercicio del poder en la Argentina desde el abrupto final del gobierno de Raúl Alfonsín, en 1989.

Conforman una facultad del Poder Ejecutivo que la reforma constitucional de 1994 reconoció expresamente, salvo en cuatro materias: penal, tributaria, electoral y régimen de los partidos políticos. El jefe de Gabinete es el encargado de someter esos decretos a consideración de una comisión bicameral permanente que el Congreso nunca creó. Los oficialistas de turno se opusieron. Ergo: no hay control.

La secuencia de esta degradación en el ejercicio de normas de carácter excepcional y concebidas para usar ante una emergencia, en caso de imposibilidad de actuar rápidamente el Congreso, arranca con la entrega del gobierno de Alfonsín a Menem seis meses antes —las elecciones habían sido el 14 de mayo—, luego de presiones y de un enrarecido clima de hostilidad social.

Menem asumió el 8 de julio de 1989 y a los pocos días —fue en agosto—, el Congreso aprobó la ley de emergencia económica y la de reforma del Estado, encarada con espíritu de desguace.

Después, vinieron los decretos: si desde 1853 hasta 1989 promediaban la veintena, en el primer gobierno menemista superaron los quinientos. En gran mayoría no eran ni necesarios ni urgentes. La excepción en consecuencia se transformó en regla de gobierno.

Así se llegó a la reforma de 1994 afrontada como una pieza de negociación entre radicales y peronistas. Unos querían limitar los poderes presidenciales, y otros, darle a Menem la posibilidad de su reelección.

Desde entonces el Congreso, que responde a la dinámica de los oficialistas de turno de conceder todo lo que el Presidente les pide, está en deuda con el mandato recibido de la Constitución para delimitar por ley el uso de estos decretos.

Este déficit es una responsabilidad de justicialistas y radicales, que no atenúa la mayor permanencia de los primeros en el control de la Casa Rosada. En primer lugar, porque en la convención constituyente de Santa Fe, el radicalismo fue quien imprimió la versión reformada de la Carta Magna. Y luego porque en 1999, como eje de una alianza electoral, venció al PJ para terminar haciendo desde el fugaz gobierno de Fernando de la Rúa lo mismo que tanto criticaba desde la oposición.

La ley que nunca nació debe reglamentar el uso de los DNU. El híbrido texto constitucional transfirió a los legisladores el modo de hacerlo y los plazos.

Para los oficialistas (hoy justicialistas) el Congreso aprueba con su silencio como podría pasar, por ejemplo, si ni siquiera se reuniera. Para los opositores debe ser al revés. O sea que los decretos tienen que resultar expresamente convalidados.

Por esa diferencia sustancial no llegaron siquiera a constituir la comisión, para comodidad operativa del PEN.

Existe en cambio la comisión bicameral de seguimiento de las facultades delegadas, actualmente presidida por la diputada radical Silvina Leonelli.

Se ocupa de convalidar los acuerdos del PEN en la renegociación de contratos con empresas a cargo de los servicios públicos. Aquí, el bloque justicialista de Diputados acaba de consagrar el principio de la aprobación ficta, prohibida por la Constitución, al dejar pasar el plazo de 60 días sin tratarla en el recinto.

Tanto con los DNU, como con las facultades delegadas, el silencio del Congreso es un fuerte llamado de atención.