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Tribunal De Cuentas De La Provincia De Mendoza - Fallo Nº 14.712 PDF Imprimir E-mail


TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA


Texto completo del fallo Nº 14.712

 

Mendoza, 18 de abril de 2.006. -

VISTO en el Acuerdo de la fecha el expediente Nº 243, Letra “A”, relacionado con la gestión administrativo-financiera y patrimonial correspondiente al ejercicio 1999 del HOSPITAL VICTORINO TAGARELLI (EUGENIO BUSTOS), del que

 

RESULTA:

1) Que a fs. 27, 37 y 45 constan Acuerdos Nros. 2898, 2937 y 2985, por los que se les aplica multa a los responsables por la no presentación de balances de sumas y saldos trimestrales.

2) Que a fs. 50/52 (3/2/2000) obra nota presentada por la responsable Lidia Gutiérrez de Jarpa (Gerente Administrativa – ejercicio 1999), adjuntando acta notarial donde consta que fue separada de su función el día 11/1/2000. No se cumplió con el Acuerdo Nº 870 (cambio de autoridades).

3) Que a fs. 55 y 59 se agregan Acuerdos Nros. 3016 y 3038 por los cuales se aplica sanción de multa a los responsables por la falta de presentación de balances mensuales (octubre y noviembre) y de sumas y saldos (4º trimestre).

4) Que a fs. 64 corre agregado emplazamiento a las nuevas autoridades para presentación de la cuenta del ejercicio 1999 (2/8/2000). Las cédulas de notificación obran a fs. 65/66.

5) Que a fs. 75 (4/4/2001) se incorpora resolución del Tribunal por la cual se sanciona a las autoridades emplazadas por la falta de presentación de la cuenta correspondiente al ejercicio 1999 (Acuerdo Nº 3201). Se realiza un nuevo emplazamiento.

6) Que a fs. 80/104 los responsables presentan documentación de descargo relacionada con la sanción aplicada (29/5/2001). A fs. 111 obra Acuerdo Nº 3273 por el cual el Tribunal acepta formalmente y rechaza sustancialmente el recurso planteado por los responsables contra las disposiciones del Acuerdo Nº 3201.

7) Que a fs. 115/116 corre agregado informe de la Revisión respecto del estado de las registraciones contables correspondientes al ejercicio 1999, a los efectos de lograr una rendición de cuentas (20/5/2002).

8) Que a fs. 117/147 y 153/156 los responsables presentan documentación de descargo en forma parcial.

9) Que a fs. 158 (30/6/2003) el Director del Área Descentralizadas I informa el estado de la rendición, expresando la posibilidad de realizarse, una vez recabada y analizada la documentación existente, una determinación de oficio de la cuenta.

10) Que a fs. 161/274, con fecha 21/8/2003, las actuales autoridades remiten la documentación pertinente existente a los fines de practicar la determinación de oficio.

11) Que a fs. 276 la Revisión informa respecto del ingreso de documentación relacionada con ingresos y egresos del ejercicio 1999, considerando que es posible la determinación de la cuenta de oficio, en relación al movimiento de fondos operado.

12) Que el Tribunal, con fecha 24/9/2003, resuelve que se proceda a la elaboración del informe del artículo 31, fundamentado en la determinación de oficio a practicar (fs. 278).

13) Que a fs. 282 corre agregada copia del oficio Nº 64095, por el cual se pone en conocimiento de la Fiscalía de Estado, a los fines de la iniciación de juicio de apremio, los Acuerdos Nros. 2898, 2937, 2985, 3016, 3038 y 3201 por los cuales se aplicó multas a los responsables por la no presentación de balances mensuales y trimestrales oportunamente, sin que los responsables diesen cumplimiento a los mismos.

14) Que el Contador Revisor que efectuó la determinación de oficio de la cuenta, oportunamente encomendada por el Tribunal, produce su informe en los términos del artículo 31 de la Ley Nº 1003, el que se encuentra agregado a fs. 283/301.

15) Que a fs. 311/312 obran copias de sendos oficios (Nros. 66564 y 66565, fechados el 11/3/2005) remitidos al Ministerio de Desarrollo Social y Salud y Fiscalía de Estado con el objeto de denunciar la falta de presentación de rendición de cuentas, pese a los sucesivos emplazamientos y sanciones de multa impuestas a los responsables.

16) Que a fs. 313/320 el Contador Revisor informa sobre la determinación de oficio efectuada.

17) Que a fs. 328 se resuelve poner en conocimiento de los responsables la determinación de oficio practicada, cuya notificación obra a fs. 329/332.

18) Que en su dictamen de fs. 322/327 la Secretaría Relatora formula el pliego de observaciones conforme al examen practicado por la Revisión, aconsejando dar vista a los responsables de las observaciones formuladas, a los efectos de la contestación, ofrecimiento y presentación de las pruebas de descargo que pudieren corresponder, como así también solicitar al ente cuentadante la remisión de los elementos de juicio faltantes, lo que se provee y se notifica a fs. 341/342.

19) Que a fs. 336/337, 344 y 362/372 se incorporan contestaciones de los responsables.

20) Que a fs. 350/354 se encuentra agregado el informe complementario de la Revisión, en tanto que a fs. 373/379 obra el dictamen final de la Secretaría Relatora, quedando las actuaciones en estado de resolver; y

CONSIDERANDO:

I. Que el Tribunal se expidió mediante Fallo Nº 14400 en un caso similar al tratado en los presentes autos, consignando en el Considerando del mismo: “... que los responsables, a pesar de haber sido reiteradamente notificados y oportunamente sancionados, no presentaron integralmente la rendición de la cuenta del ejercicio, el Tribunal procedió, de acuerdo con lo previsto por el artículo 28, último párrafo de la Ley Nº 1003, a determinar de oficio la cuenta sobre base cierta.
Esto es así por cuanto la rendición de una cuenta debe entenderse como la presentación de estados contables que surjan de registros contables avalados por los respectivos comprobantes, tal como lo establece el artículo 38 de la Ley Nº 3799, que textualmente dice: “Todos los actos y operaciones comprendidas en la presente ley deben hallarse respaldadas por medio de documentos y registrarse contablemente de modo que permitan la confección de estados contables que hagan factible su medición y juzgamiento”
.

La tarea desarrollada por la Revisión para el análisis de la información acompañada por los responsables ha tenido serias dificultades en su ejecución debido a las numerosas fallas detectadas en el sistema contable del organismo cuentadante.

Es sabido que cualquier informe contable, para considerarse correcto, debe estar basado en procesos regidos por normas técnicas que han sido desarrolladas y perfeccionadas a lo largo del tiempo por la profesión contable. La rendición de cuentas se plasma en un informe contable que debe surgir de un sistema contable. Si se define al sistema contable como el conjunto de elementos armónicamente relacionados y regidos por normas técnicas, cuya finalidad es el adecuado procesamiento de datos para brindar información sobre los hechos u operaciones, y si consideramos que los elementos más relevantes (los comprobantes y el sistema de registros contables), en el caso que nos ocupa han tenido importantes fallas, es fundado afirmar la inexistencia de estados contables.

El Tribunal, a través de un proceso de auditoría tiende a determinar la veracidad de las afirmaciones contenidas en los estados contables que integran las rendiciones de cuentas. Para auditar tales afirmaciones, se debe ir desde ellas hacia los comprobantes respaldatorios de las operaciones a través del sistema contable. Si el sistema contable adolece de fallas relevantes y no se encuentran numerosos comprobantes que le den respaldo, como es el caso que nos ocupa, la labor de auditoría concluye en que la información que muestran los estados contables no es confiable y, por ende, los mismos no se consideran representativos de los hechos acontecidos durante el período que referencian”.

Entre las fallas más relevantes detectadas por la Revisión se pueden mencionar: falta de relevante cantidad de comprobantes respaldatorios, deficiencias en el análisis e imputación de datos, registraciones faltantes o incorrectas.

Si bien los responsables presentaron en diversas oportunidades documentación, tal como se detalla ut-supra, la misma nunca pudo ser considerada una rendición de cuenta en los términos descriptos. Por ello debió procederse a la determinación de oficio sobre base cierta.

Tal determinación se efectuó teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

  • Mediante Decreto Nº 2937/99 se dispuso el cambio de autoridades (Director Ejecutivo y Gerente Administrativo), notificado con fecha 6/1/2000).

  • Los libros contables presentados fueron considerados sólo como elemento de auditoría y sus registraciones no fueron vinculantes con la determinación a realizar.

  • No se presentaron la totalidad de comprobantes respaldatorios de ingresos y gastos, cuyo tratamiento se expone en el capítulo observaciones.

  • Los comprobantes de ingresos y egresos presentados por la cuentadante no acreditan la totalidad de los movimientos de fondos operados en el ejercicio. El estudio de la cuenta se pudo realizar conforme los movimientos bancarios operados y reflejados en los extractos bancarios.

  • No se presentaron conciliaciones de las cuentas bancarias.

  • El organismo presentó Libro Diario y Mayor del ejercicio 1999, los que no contenían asientos de apertura y cierre. No se presentó Libro Inventario y Balances.

  • Se encontraba en estudio la cuenta correspondiente al ejercicio 1998, la que, al igual que el periodo bajo análisis, sería determinada de oficio, por lo que la Revisión no contó con saldos iniciales ciertos.

  • Con fecha 8/4/1999 se produjo el cierre del Banco Mendoza y el consiguiente traspaso de los fondos al Banco de la Nación Argentina (apertura efectiva de las nuevas cuentas – 6/5/1999). Los saldos de cierre no eran coincidentes con los de apertura en el nuevo banco. No se pudo realizar una reconstrucción fehaciente de los mismos.

  • El análisis de la Revisión se realiza sobre la base de los ingresos percibidos y erogaciones pagadas, conforme los movimientos que figuran en los extractos bancarios de las cuentas denunciadas por el organismo y en función de la documentación presentada por la cuentadante.

  • La Revisión dividió el ejercicio económico en tres períodos, en los que arribó a las siguientes conclusiones:

    • Movimientos del Banco Mendoza (1/1/1999 al 8/4/1999): Cheques emitidos sin comprobantes respaldatorios por $ 57.705,66.

    • Transición entre cierre y apertura de cuentas (9/4/1999 al 5/5/1999): Fondos sin rendir por $ 4.588,54.

    • Movimientos del Banco Nación (6/5/1999 al 31/12/1999): Cheques emitidos sin comprobantes respaldatorios por $ 52.300,02.

A fs. 356 y 373 la Secretaría Relatora expone que luego de notificada la determinación de oficio, se confeccionó el pliego de observaciones, el que también fue notificado, a fin de que los responsables presentaran sus descargos, sin que aportaran documentación respaldatoria alguna que desvirtuara las observaciones que se formularon.

Con posterioridad a la presentación del informe complementario de la Revisión, uno de los responsables (Dr. Daniel Ferreira) acompañó fotocopia simple de la sentencia recaída en autos Nº 20520/01, caratulados “F. c/Gutiérrez Lidia, Ferreira Daniel y Rodríguez Víctor en concurso real con malversación de caudales públicos” (fs. 362/372), resultando de esta prueba documental que en ese proceso fueron sobreseídos de los delitos que se les imputaban.
Aclara la Secretaría Relatora que tal sentencia no los libera de las responsabilidades contables que les corresponden, entre ellas, la de la existencia de respaldo documental de las operaciones realizadas y su registro contable a fin de permitir su juzgamiento, lo que no ha sucedido en el caso de marras.

 

II. Que, dado que los responsables no han ejercido su derecho-deber de aportar contestaciones a los reparos efectuados, el Tribunal, compartiendo el criterio de la Revisión y de la Secretaría Relatora, resuelve mantener subsistentes las siguientes observaciones de carácter técnico-contables:

1. Faltante de documentación respaldatoria

2 Faltante de comprobantes de ingresos, puntos a) Recibos de ingresos varios y b) Facturas.

4. Resoluciones del Directorio no presentadas.

5. Omisión de formación de expedientes.

6. Falta de Inventario de Bienes de Uso.

7. Locaciones de Servicio, puntos a) Falta de norma legal de aprobación de contratos, b) Falta de firmas en los contratos, c) Falta de sellado y d) Falta de contrato.

El Tribunal, en virtud de los procedimientos administrativos irregulares en que han incurrido, y no existiendo por parte de los responsables explicación alguna, resuelve aplicarles la sanción de multa de conformidad con lo prescripto por el artículo 42 de la Ley Nº 1003 (y sus modificatorias).

Idéntica sanción (multa) se aplica respecto de la observación 3. Inconsistencia de saldos de cierre de cuentas corrientes Banco Mendoza y apertura del Banco de la Nación Argentina, debido a la falta de presentación de documentación de descargo por parte de los responsables. No se visualiza en este caso registración contable que sustente las operaciones realizadas por el ente en el período transicional (9/4/1999 a 5/5/1999), no existiendo, además, registros bancarios de la composición de los saldos de cada una de las cuentas del Banco Mendoza con posterioridad al 8/4/1999.

A raíz de ello la Revisión realizó su labor de auditoría con importantes limitaciones (no se poseían extractos bancarios para corroborar los movimientos de ese período, los saldos de cierre no eran coincidentes con los de apertura en el nuevo banco y no se pudo realizar una reconstrucción fehaciente de los mismos), formulando un cuadro estimativo y provisorio sobre la base de presunciones.

Por ello, el Tribunal, no habiendo certeza, según señala la Revisión a fs. 352, para el cálculo del perjuicio por el período de transición, resuelve no aplicar cargo en este caso.

 

III. Que el reparo 1. Faltante de documentación respaldatoria se formuló debido a que se verificó la falta de documentación respaldatoria de erogaciones correspondiente a cheques debitados de las cuentas corrientes de los Bancos de Mendoza y de la Nación Argentina. (Detalle en Anexos I y III, fs. 294/296 y 298/299).

La labor de auditoría se realizó considerando las erogaciones efectivamente pagadas, conforme los movimientos de los extractos bancarios de las cuentas denunciadas por el organismo y en función de la documentación presentada por la cuentadante. El ejercicio se dividió en tres períodos: Movimientos del Banco Mendoza (1/1/1999 al 8/4/1999), período de transición (observación 3) y movimientos del Banco Nación (6/5/1999 al 31/12/1999).

Los resultados de la Revisión fueron los siguientes:

  • Movimientos del Banco de Mendoza (cheques emitidos sin comprobantes respaldatorios): $ 57.705,66.

  • Movimientos del Banco la Nación Argentina (cheques emitidos sin comprobantes respaldatorios): $ 52.300,02.

Los responsables debían acompañar documentación de descargo, bajo apercibimiento de ley, situación incumplida hasta la fecha del presente pronunciamiento.

Ante esta falta de presentación de documentación respaldatoria que justificase la salida de fondos de las cuentas corrientes del organismo, tanto la Revisión como la Secretaría Relatora estiman que el reparo debe considerarse subsistente, constituyendo erogaciones sin justificar las sumas de $ 57.705,66 correspondientes al período 1/1/1999 al 8/4/1999 y $ 52.300,02 por el período 6/5/1999 al 31/12/1999.

Atento a todo lo expuesto, el Tribunal resuelve en el mismo sentido que la Revisión y la Secretaría Relatora respecto de los importes no rendidos, por lo que formulará el cargo pertinente a los responsables del manejo de esos fondos por los importes de $ 57.705,66 y $ 52.300,02, respectivamente, en concepto de capital. El cálculo de los intereses determinados hasta la fecha según la normativa vigente, cuyos importes ascienden a $ 47.941,55 y $ 39.237,91, respectivamente, obran a fs. 380 de autos. Estas sumas, adicionadas a las del capital, totalizan sendos montos de $ 105.647,21 y $ 91.537,93.

 

IV. Que el Tribunal, respecto de la responsabilidad de la Sra. Lidia Gutiérrez (Gerente Administrativa en el ejercicio estudiado), coincide con lo dictaminado por la Secretaría Relatora a fs. 377/379: “El análisis de responsabilidad contable debe comenzar por establecer, como principio esencial, que quien administra caudales públicos viene obligado a rendir cuentas de su administración, de donde surge un tipo específico de responsabilidad. El deber que estatuye el art. 182 de la Constitución Provincial y que reglamentan acabadamente numerosas normas legales constituye un cúmulo de obligaciones, entre las que no son menores aquellas que se vinculan con la formación, ordenamiento y custodia del conjunto de documentos y registros contables que permiten una completa demostración de las operaciones realizadas en el desempeño de la administración. Para que exista cuenta debe ser factible la reunión de los elementos documentales y registrales que la conforman como un universo ordenado, demostrable y expuesto de tal modo que resulte posible su medición y juzgamiento.

Dos extremos constitutivos del deber de rendir cuentas han sido admitidos por la responsable de la administración que se examina: El primero, que la señora Gutiérrez de Jarpa cumplió funciones durante todo el ejercicio 1999 como gerente administrativo del Hospital Público Descentralizado de Eugenio Bustos; el segundo que tuvo a su cargo el manejo de los caudales. Este último aspecto, si bien puesto en duda en relación con tareas puntuales (como la de manejo de los recursos propios que la atribuye a supuestas cajeras o de la facturación de la obra social que describe en cabeza de la secretaria del director o la de la determinación de los sueldos que ubica bajo la responsabilidad del Contador Rodríguez), es admitido sin ambigüedad en lo que concierne a la realización de las tareas inherentes al control de movimientos bancarios y preparación y realización de las erogaciones. Si no fuera así ningún sentido tendría su afirmación vinculada a la supresión de documentación o al desorden introducido en ella con posterioridad al apartamiento de sus funciones.

Determinados tales extremos cabe concluir necesariamente que la señora Gutiérrez de Jarpa debía rendir cuentas. Y en punto al asunto es que debe analizarse el pretendido deslinde de responsabilidad que arguye.

Tanto en el acta notarial de fs. 50/51 como en la exposición de fs. 336/337 se invoca la pérdida intempestiva de la custodia de los documentos como razón impeditiva de la rendición debida. Esto es, plantea como impedimento para dar cuentas, un hecho calificable como de fuerza mayor, consistente en la sustracción de su ámbito de custodia (art. 69 de la Ley 3799) de los documentos acreditativos de los movimientos no rendidos.

Necesariamente, como acontecimiento que se pretende impeditivo del cumplimiento de un deber, quien lo invoca debe acreditarlo y ninguna prueba rendida demuestra que la privación de custodia se produjo de la manera que la interesada expone. Los dichos contenidos en un acta notarial no constituyen elemento de convicción suficiente al respecto, como tampoco adquiere tal significación lo expuesto al participar del acta de fs. 94. Ambos actos no son otra cosa que declaraciones unilaterales de parte interesada, carentes de otro respaldo probatorio.

Pero, aun poniéndose quien debe emitir juicio en la situación que más favorece la postura de la gerente administrativa que invoca la imposibilidad de presentar las cuentas, y admitiendo como mera hipótesis que dicha persona fue privada de la custodia de los documentos, no se puede afirmar de una manera razonada que los comprobantes hayan sido suprimidos u ocultados o que una irresponsabilidad manifiesta de los nuevos administradores haya causado el desorden o provocado daño al acervo documental.

Por el contrario, todo lleva a sostener que los faltantes documentales y el estado general de desorden de la documentación era producto del incumplimiento de deberes de la anterior gestión en el servicio administrativo.

Una contabilidad debe reunir, además de los documentos, los registros precisos de los movimientos patrimoniales, pues bien, en el caso tales registros no existían, según surge evidente del informe de la Revisión y ello demuestra de modo indudable un desorden contable que se originó al tiempo en que la señora Gutiérrez de Jarpa tenía a su cargo la tarea administrativo contable.

Las autoridades que a posteriori se hicieron cargo de la gestión administrativa debieron esforzarse para poner los elementos de juicio que existían sin orden lógico a disposición del Tribunal, cumpliendo, hasta donde les era posible, la obligación de elevar las cuentas. No puede sostenerse, entonces, que a ellas cabía responsabilizarlas del indebido resguardo documental”.

Continúa el dictamen expresando que las omisiones de rendición de cuentas también se produjeron durante ejercicios anteriores a 1999, donde los responsables no pudieron demostrar la totalidad de las inversiones realizadas en esos períodos, siendo los incumplimientos que se verifican en estos obrados una continuación de las anteriores conductas omisivas.

La Secretaría Relatora concluye que: “... en la administración financiera y contable de los organismos públicos, los comprobantes de gastos se ordenan en expedientes que se registran en las respectivas mesas de entradas y se numeran con un orden lógico. De haber existido los comprobantes que señala la compareciente al momento de dejar sus funciones, deberían estar registrados los expedientes en los que habrían tramitado los actos preparatorios, ordenatorios y de liquidación y pago de los gastos. La inexistencia de dichos expedientes nos lleva a concluir en la correspondiente inexistencia de los instrumentos que debían contener.

En todo caso, la regla nemo auditur impide en el caso admitir la tesis del deslinde de responsabilidad, en función de una privación de custodia de documentos de los que no existe indicio que lleve a suponer su existencia.

En fin, la pretendida fuerza mayor que impediría a la compareciente Gutiérrez de Jarpa rendir su cuenta, no ha sido demostrada en modo alguno y constituye una invocación jurídicamente injustificada, lo que obsta a su aceptación.

En conclusión, entiendo que la responsabilidad de la señora Gutiérrez de Jarpa, por la rendición de cuentas del ejercicio en el que se desempeñó a cargo de la gerencia administrativa del Hospital de Eugenio Bustos, no se ve limitada en razón de sus invocaciones contenidas en el acta notarial de fs. 52 y presentación de fs. 336/337.

Por último entiendo oportuno recordar que, como lo ha señalado nuestra Suprema Corte de Justicia en precedentes relativos al asunto (Silvano c/ Tribunal de Cuentas), la responsabilidad contable es, por su naturaleza diferente de la responsabilidad penal del funcionario, por lo que las conclusiones a las que ha arribado la sentencia agregada a estos autos (fs. 362/371), no impiden que se hagan efectivas las consecuencias del incumplimiento del deber de rendir cuentas, respecto de las personas que fueron sobreseídas en sede judicial, por las imputaciones penales que les fueron formuladas”.

Por ello, cumplido el trámite que la Ley Nº 1003 dispone para el juicio de cuentas, en uso de sus facultades constitucionales y legales,


Por ello, cumplido el trámite que la Ley Nº 1003 dispone para el juicio de cuentas, en uso de sus facultades constitucionales y legales,

 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA
RESUELVE

Artículo 1º: Tener por no presentada la rendición de cuentas del HOSPITAL VICTORINO TAGARELLI (EUGENIO BUSTOS) y aprobar la determinación de oficio efectuada, que obra a fs. 313/320, correspondiente al ejercicio 1999.

Artículo 2º: Aplicar multa de SEISCIENTOS PESOS ($ 600,00) a cada uno de los siguientes responsables: Dr. Daniel Oscar Ferreira (Director Ejecutivo), Sra. Lidia Eva Gutiérrez de Jarpa (Gerente Administrativa), Cdor. Víctor Armando Rodríguez (Contador) y Sra. Alicia Puerta (Tesorera), de conformidad con lo expresado en el Considerando II y emplazarlos en 30 días a contar desde su notificación, para que depositen dichas sumas en el Banco de la Nación Argentina, Cuenta Corriente Nº 628-02371-81 Suc. Nº 2405 Mza. a la orden de "Hon. Tribunal de Cuentas- TC AUR" , y para que remitan al Tribunal los respectivos comprobantes de depósito. El monto depositado por los conceptos señalados deberá ser girado por el Tribunal a la Dirección General de Rentas, en el plazo previsto en el Acuerdo Nº 3098.

Artículo 3º: Formular cargo, en forma conjunta y solidaria, a los responsables: Dr. Daniel Oscar Ferreira (Director Ejecutivo), Sra. Lidia Eva Gutiérrez de Jarpa (Gerente Administrativa), Cdor. Víctor Armando Rodríguez (Contador) y Sra. Alicia Puerta (Tesorera) por la suma de CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($ 197.185,14), según lo expresado en el Considerando III, y emplazarlos en treinta (30) días a contar desde su notificación para que depositen dicha suma en el Banco de la Nación Argentina, Cuenta Corriente Nº 628-02371-81 Suc. Nº 2405 Mza. a la orden de "Hon. Tribunal de Cuentas- TC AUR", y para que remitan al Tribunal los respectivos comprobantes del depósito. Los montos depositados por el concepto señalado deberán ser girados por el Tribunal a la Tesorería del Hospital, en el plazo previsto en el Acuerdo Nº 3098.

Artículo 4º: Notificar esta resolución a los responsables, al señor Fiscal de Estado y a las actuales autoridades del organismo cuentadante (citadas en el artículo 2º); ponerla en conocimiento de la Dirección de Cuentas respectiva, darla al Registro de Fallos, publicarla en el Boletín Oficial, devolver la documentación a su origen y, cumplido lo dispuesto en los artículos 2º y 3º, archivar los autos.

Fdo Salvador Farruggia
Mario Angelini
Roberto Ros
Francisco Barbazza
Alberto Zevallos